El Gobierno de Mónica García ha dado un paso más en su ofensiva ideológica contra la colaboración público-privada en la sanidad con la aprobación de una ley que, bajo el discurso de «blindar» el sistema público, en la práctica restringe de forma drástica la participación de la sanidad privada. El nuevo marco legal convierte la gestión indirecta en una opción prácticamente excepcional, sometida a exigencias y controles que la sitúan en clara desventaja, incluso cuando pueda demostrar eficiencia o sostenibilidad.
La iniciativa, además, supone la derogación de la ley 15/97 y abre la puerta a una recentralización de la gestión sanitaria que el propio Ejecutivo justifica en supuestas mejoras de equidad y transparencia. Sin embargo, se advierte de que este movimiento puede suponer un retroceso en la capacidad de elección, en la agilidad del sistema y en la colaboración con operadores que han sido clave en la reducción de listas de espera y en la ampliación de servicios.
Bajo el argumento de reforzar lo público, el Gobierno introduce nuevos filtros, informes obligatorios y mecanismos de control que, según esta visión, no sólo limitan la iniciativa privada, sino que también incrementan la burocracia y la rigidez del sistema sanitario en lugar de orientarlo a resultados reales para los pacientes.
Tras superar su segunda vuelta por el Consejo, el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud iniciará ahora su andadura parlamentaria para blindar la sanidad pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario.
«El objetivo es blindar la sanidad pública exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada garantizando la calidad y la equidad en todos los centros del sistema nacional de salud», ha enfatizado en rueda de prensa la portavoz de Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Mediante el texto aprobado esta martes se deroga la conocida como ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón o Ribera Salud, que se exportó después a otros hospitales como el de Torrejón de Ardoz (Madrid), recientemente epicentro de una polémica por los audios de su CEO en los que reconocía derivar a los pacientes menos rentables.
En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.
De esta forma, la gestión indirecta de los servicios sanitarios tendrá un carácter estrictamente excepcional: para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.
Para ello, se establecen varios mecanismos de control, el primero, la exigencia de una evaluación previa; en este sentido, se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil.
Dichos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, algo que la administración deberá tener en cuenta antes de tomar una decisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes.
Según ha venido argumentando Sanidad, esta proliferación de modelos privados ha derivado en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional, unos modelos que, además, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.
Asimismo, la privatización se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema.
El proyecto establece también que sea obligatorio hacer un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria.
Además, establece una preferencia por el sector social para que, en caso de empate en licitaciones, se prioricen las entidades sin ánimo de lucro.
La ley incorpora medidas de buen gobierno, exigiendo la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. La Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesorará técnicamente a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa.
