EE.UU. acumula más de 220 muertos en sus ataques a lanchas en el Caribe, con República Dominicana en el centro del operativo

Un cuarto ataque confirmado en la primera semana de octubre

El 4 de octubre, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció que sus fuerzas atacaron otra embarcación "narcoterrorista" en el mar Caribe, en una ruta que no identificó. Murieron cuatro personas, a quienes el comunicado no nombró ni vinculó a un país de origen. Como ha hecho en ataques anteriores, SOUTHCOM difundió un video infrarrojo del bote segundos antes de la explosión, pero no mostró evidencia pública de que llevara droga a bordo.

Ese ataque, el más reciente confirmado hasta el cierre de esta nota, se suma a una campaña militar que cumplió poco más de un año y que ya acumula más de 220 muertos. Washington la llama "Lanza del Sur" (Southern Spear) y la presenta como el núcleo de su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Para la ONU, Human Rights Watch y los familiares de varias víctimas, es una serie de ejecuciones extrajudiciales que podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Una cifra que ni las propias fuentes logran igualar

Contar los muertos de esta operación depende de a quién se le pregunte, y las diferencias no son menores. La organización especializada InSight Crime situaba el saldo, al 4 de octubre, en al menos 238 muertos en 79 ataques. CNN, citando fuentes propias, hablaba apenas unos días antes de al menos 221 muertos y 67 embarcaciones destruidas. Una semana atrás, el relator especial de la ONU Ben Saul había cifrado en 234 los muertos en 70 ataques, luego de que un primer informe suyo, publicado el 2 de septiembre, contara 223 muertos en 68 ataques entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Ninguna de estas cifras es oficial: Estados Unidos no publica un recuento propio de víctimas ni de embarcaciones atacadas.

La operación arrancó en agosto de 2025 con los primeros bombardeos frente a Venezuela y se formalizó como "Southern Spear" un mes después. El primer ataque, el 2 de septiembre de 2025, ya mostró el patrón que luego generaría más críticas: un "doble impacto" que mató a once personas en la primera oleada, según documentó Saul.

República Dominicana, de vecino a pieza del operativo

El país no ha sido un espectador lejano de esta historia. El 21 de septiembre de 2025, apenas semanas después de iniciada la campaña, un bombardeo estadounidense alcanzó una lancha tipo "go fast" a unas 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en Pedernales. Las tres personas a bordo murieron. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) recuperó después 377 paquetes con cerca de 1,000 kilos de presunta cocaína y explicó que la embarcación pretendía usar territorio dominicano como puente hacia Estados Unidos. La institución dijo haber actuado "en estrecha coordinación" con el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South).

Dos días después, la Cancilliería dominicana (Mirex) emitió un comunicado para subrayar su "trayectoria" en la lucha contra el narcotráfico, insistir en que actúa dentro del derecho internacional y reafirmar el principio de América Latina y el Caribe como "zona de paz", al mismo tiempo que reiteraba su disposición a seguir cooperando con Washington. Ese mismo bombardeo cerca de Isla Beata generó roce diplomático: el presidente colombiano Gustavo Petro escribió en X que, si la lancha hundida estaba en aguas dominicanas, su tripulación podría haber sido colombiana, lo que haría a Estados Unidos y a República Dominicana responsables de esas muertes, y agregó: "No hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar".

La cooperación fue más allá de los comunicados. El 26 de noviembre de 2025, durante la primera visita de un secretario de Guerra estadounidense al país, Pete Hegseth, el presidente Luis Abinader confirmó que el Aeropuerto Internacional de las Américas y la base militar de San Isidro cederian espacios "provisionales" para el transporte de equipos y personal técnico de Estados Unidos dentro de "Lanza del Sur". Ese mismo mes, las autoridades dominicanas reportaron el decomiso de 1,290 paquetes de droga en dos operativos enmarcados en el mismo esquema.

"Llamarlo guerra no lo convierte en una"

El 2 de septiembre, ocho expertos de Naciones Unidas —entre ellos Ben Saul, relator sobre contraterrorismo, y Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales— pidieron a Estados Unidos detener lo que calificaron de "muertes ilegales en el mar". Su comunicado sostiene que el narcotráfico "no es un asunto militar sino de aplicación de la ley" y rechaza el argumento de legítima defensa que usa Washington: "llamarlo guerra no lo convierte en una", escribieron. Human Rights Watch, por su parte, había documentado para esa fecha 69 ataques "aparentemente ilegales".

Veinte días después, el propio Saul fue más lejos en un informe individual: dijo que existen motivos razonables para considerar los ataques un crimen de lesa humanidad de asesinato, y cuestionó además la operación de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, en la que murieron 75 personas.

Washington defiende lo contrario. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en julio ante el Senado que cada ataque cuenta con un oficial legal a bordo que valida su legalidad, y un memorando del Departamento de Justicia conocido en agosto sostiene que los cárteles designados como organizaciones terroristas son combatientes en un conflicto armado. SOUTHCOM reporta que, entre octubre de 2025 y junio de 2026, sus operaciones interceptaron más de 305 toneladas métricas de cocaína y causaron pérdidas superiores a 7,700 millones de dólares a las redes de tráfico.

Un Caribe dividido entre aplausos y temor

La región no reacciona de manera uniforme. Trinidad y Tobago, a solo 10 kilómetros de la costa venezolana, ha sido el aliado más visible: su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, recibió "con orgullo" a marines estadounidenses en noviembre y llegó a decir que Washington debería matar a los narcotraficantes "violentamente". Venezuela respondió declarándola persona no grata.

Esa postura choca con la de otros gobiernos. Semanas después del episodio de Isla Beata, Petro volvió a reaccionar ante otro bombardeo —el sexto confirmado por Reuters bajo la administración Trump— para denunciar que los misiles también caen sobre lanchas de pescadores, no solo de narcotraficantes: "el Caribe es un mar lleno de pescadores", escribió, y describió el temor de las familias de San Andrés y Providencia que viven de la pesca. La policía de Trinidad y Tobago investigó, por separado, la posible muerte de dos pescadores trinitenses en otro ataque frente a Venezuela. La CARICOM, por su parte, reafirmó en octubre de 2025 el estatus del Caribe como "zona de paz", aunque Trinidad y Tobago se reservó su posición dentro de ese comunicado conjunto.

Lo que sigue

Mientras el debate legal avanza en foros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —donde una familia colombiana presentó una queja formal en diciembre—, los ataques no se han detenido. Para República Dominicana, que combina decomisos propios, cooperación militar directa y un discurso oficial de apego al derecho internacional, el reto no es solo diplomático: sus propias aguas, en plena temporada ciclónica, siguen siendo parte de la ruta que Washington vigila desde el aire.