Navi Pillay gana el Nobel de la Paz 2026 horas antes de que EEUU sancione a la Corte Penal Internacional

Una jueza de 85 años que defendió a Mandela gana el Nobel de la Paz

El Comité Nobel Noruego anunció el viernes 9 de octubre de 2026, en Oslo, que el Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, de 85 años, por su trabajo en favor de la paz y el derecho internacional. El comité señaló que Pillay fue decisiva para que crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio dejaran de quedar impunes, y afirmó en su declaración que "el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad". El galardón, el número 125 en la historia del premio, llegó acompañado de 12 millones de coronas suecas, unos 1.2 millones de dólares, y se entregará formalmente en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. El comité recibió 287 nominaciones para esta edición.

Pillay no es una desconocida en el mundo de los derechos humanos. En 1967 se convirtió en la primera mujer en abrir un bufete de abogados en lo que entonces era la provincia sudafricana de Natal, en plena era del apartheid, y desde ahí defendió a Nelson Mandela y a otros activistas antiapartheid perseguidos por el régimen racista. Más tarde fue la primera mujer de color en integrar la Corte Superior de Sudáfrica. Su trayectoria internacional incluye la presidencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde el comité destacó en particular su papel en establecer que la violación y la violencia sexual pueden constituir crímenes contra la humanidad y genocidio, un precedente que cambió la jurisprudencia penal internacional. Después fue jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) y, entre 2008 y 2014, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El expediente más delicado: Gaza

La parte más controvertida de su hoja de servicios es reciente. Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, que en 2025 concluyó que Israel es responsable de genocidio en Gaza con la intención específica de destruir a la población palestina allí. Ante la Asamblea General de la ONU, Pillay sostuvo que Israel era responsable de cuatro actos genocidas. Esa conclusión, rechazada de forma categórica por Israel y por Estados Unidos, es la que explica buena parte de las reacciones encontradas que siguieron al anuncio del Nobel.

Pillay actualmente también es jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia, designada por Gambia en el caso en el que ese país acusa a Myanmar de genocidio contra la minoría rohinyá.

Tras conocer la noticia, Pillay dijo sentirse sorprendida —"pensé que era una broma", declaró según recogió la prensa sudafricana— y anunció que dedicaría el premio "a todos los supervivientes de crímenes internacionales". Hizo esa declaración, de manera simbólica, en la sala de Núremberg donde fueron juzgados los jerarcas nazis. También dijo, en tono de broma, que quizás compartiría el premio con Donald Trump. El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, explicó que el sistema de derecho internacional está "bajo una presión tremenda" y que jueces como Pillay "custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos".

Horas después, Washington golpeó a la corte que ella ayudó a construir

El mismo 9 de octubre, horas después del anuncio de Oslo, el gobierno de Trump impuso nuevas sanciones contra la propia Corte Penal Internacional, la institución donde Pillay fue jueza. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington "nunca permitirá" que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses y advirtió: "o la CPI termina con sus amenazas, o nosotros terminaremos con la CPI". Las sanciones buscan prohibir transacciones con la corte y, según Rubio, "paralizar" sus recursos; el Tesoro estadounidense emitió además cuatro licencias generales que permiten ciertas operaciones vinculadas a telecomunicaciones, software, pagos de pensiones y detenidos de la CPI, para suavizar el golpe inmediato sobre el funcionamiento básico del tribunal.

Washington ha chocado con la CPI sobre todo por las órdenes de arresto contra autoridades israelíes, entre ellas el primer ministro Benjamín Netanyahu, y por una investigación ya cerrada sobre soldados estadounidenses en Afganistán. La Casa Blanca ya había impuesto sanciones selectivas a funcionarios de la corte durante el primer mandato de Trump; el gobierno de Biden las revirtió, y la actual administración las reinstauró apenas regresó al poder, en enero de 2025. La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó las nuevas medidas y aseguró que el trabajo del tribunal continuará; el registrador de la corte, Osvaldo Zavala Giler, había pedido a la Unión Europea que activara un mecanismo de bloqueo para proteger a empresas europeas de los efectos extraterritoriales de sanciones previas.

La CPI, fundada en 2002, tiene 125 Estados parte, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea y de la OTAN salvo Estados Unidos y Turquía.

Por qué le importa a República Dominicana

República Dominicana no es una espectadora lejana de este pulso. El país firmó el Estatuto de Roma el 8 de septiembre de 2000 y depositó su instrumento de ratificación el 12 de mayo de 2005, lo que lo convierte en Estado parte de la CPI con obligaciones y derechos dentro del sistema que Washington busca debilitar. Las sanciones anunciadas apuntan no solo a la corte como institución, sino potencialmente a empresas —bancos, aseguradoras, proveedoras de software— que le prestan servicios, lo que en la práctica puede alcanzar a firmas internacionales con presencia en el Caribe y complicar operaciones bancarias o de seguros vinculadas, aunque sea indirectamente, a la corte. Rubio dijo esperar que los aliados de Washington "pongan freno" a la corte, una presión que también alcanza, al menos en el plano diplomático, a los 125 países que integran el tratado, República Dominicana entre ellos.

Reacciones divididas en el resto del mundo

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el premio como un homenaje a quienes defienden el derecho internacional y los derechos humanos. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, habló de un "tributo profundo al coraje, la integridad y el compromiso de toda una vida con la justicia" de su compatriota. Human Rights Watch, a través de su director ejecutivo, Philippe Bolopion, dijo que Pillay "ha promovido el respeto a los derechos humanos y ha buscado justicia para los peores crímenes del mundo" y la describió como una defensora firme del Estado de derecho internacional.

En el otro extremo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó el galardón de "instrumentalización grotesca" del premio para legitimar, según su versión, el odio hacia Israel. Trump, por su parte, escribió en Truth Social que el comité había "degradado" el premio. El politologo Ashok Swain, de la Universidad de Uppsala, resumió el momento al señalar que el premio no cambiará de inmediato las condiciones sobre el terreno en Gaza ni en los tribunales de La Haya, pero que su mensaje simbólico pesa precisamente en un clima internacional donde el derecho penal internacional enfrenta un ataque frontal desde la principal potencia mundial.