Internacionales · 5 min de lectura
República Dominicana retira su embajada de Nicaragua en plena crisis electoral
RD retiró su embajada en Managua y trasladó sus servicios consulares a Costa Rica y Honduras, en plena crisis por la reforma que elimina elecciones libres en Nicaragua.

Santo Domingo retira su embajada de Managua
República Dominicana profundizó en octubre su ruptura diplomática de facto con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 2 de octubre de 2026, durante la 31ª Reunión de Consulta de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el canciller dominicano Víctor "Ito" Bisonó anunció el retiro de la embajada dominicana en Nicaragua "hasta tanto persistan las condiciones" que, dijo, atentan contra las libertades y los principios democráticos en ese país centroamericano.
La medida no equivale a una ruptura formal de relaciones diplomáticas, según precisó el propio Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), pero sí reduce al mínimo la presencia dominicana en Managua. Dos semanas y media después, el 18 de octubre, Santo Domingo dio un paso adicional: autorizó a sus consulados en San José (Costa Rica) y San Pedro Sula (Honduras) a atender a los dominicanos residentes en Nicaragua, mientras suspendía "por razones de fuerza mayor" las notificaciones judiciales y otras diligencias que debían tramitarse en territorio nicaragüense.
Un pulso que empezó en julio
El origen de la crisis se remonta al 19 de julio de 2026, cuando Ortega, en el acto por el 47º aniversario de la revolución sandinista, afirmó que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones" y ordenó a la Asamblea Nacional preparar reformas para impedir que la oposición compita en futuros comicios. República Dominicana condenó esas declaraciones el 22 de julio y, un día después, llamó a consultas a su embajador en Managua, dejando la legación en manos de un encargado de negocios.
Entre finales de agosto y el 1 o 2 de septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma que modifica 14 artículos de la Constitución. Las fuentes consultadas no coinciden en el detalle exacto del cambio: una nota de Telemundo 51 fechada el 2 de septiembre afirma que el período de los cargos de elección popular pasa de cinco a siete años, mientras que un despacho de la agencia AFP publicado por CRHoy el 9 de septiembre sostiene que la extensión es de seis a siete años. Esta discrepancia entre medios no ha sido aclarada por fuentes oficiales nicaragüenses y se consigna aquí tal cual aparece en los reportes. Lo que sí coincide en ambas versiones es que la reforma excluye de la vida electoral a quienes el texto califica de "traidores a la patria" —formulación que, según analistas y opositores exiliados como Félix Maradiaga y Lesther Alemán, podría aplicarse a cualquier crítico del matrimonio Ortega-Murillo— y que requiere una segunda ratificación en una nueva legislatura, programada para el 18 de enero de 2027, antes de entrar en vigor de modo definitivo.
El 9 de septiembre, días después de esa primera aprobación legislativa, el gobierno nicaragüense cerró su propia embajada en Santo Domingo. El MIREX dominicano respondió entonces que solo "toma nota" de la decisión, sin más comentarios en ese momento.
La OEA responde, con participación limitada
En la reunión del 2 de octubre en Washington, la OEA aprobó una resolución que insta a Nicaragua a celebrar "elecciones libres, justas e inclusivas", liberar sin condiciones a los presos políticos, restablecer la separación de poderes, revelar el paradero de personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes se las retiraron. El texto no impone sanciones concretas al gobierno de Ortega y Murillo, pero crea un grupo ministerial de seguimiento que deberá dialogar con autoridades y oposición y presentar recomendaciones en un plazo de 90 días, es decir, hacia comienzos de enero de 2027.
Según la cobertura de Emisoras Unidas, la resolución fue descrita como aprobada "por unanimidad", aunque el artículo no detalla cifras de votos a favor, en contra o abstenciones, y señala que Brasil se había opuesto previamente a convocar la reunión y a cualquier lenguaje que calificara a Nicaragua de "amenaza" a la paz regional, sin aclarar si ese país terminó absteniéndose o votando en contra del texto final. La iniciativa fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. De los 34 Estados miembros de la OEA, solo siete enviaron cancilleres a la cita: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití, lo que ilustra las divisiones del continente frente al caso nicaragüense.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó de "urgente" que Nicaragua recupere el orden constitucional y pidió sanciones económicas que no afecten a la población, además de restricciones de viaje y financieras para funcionarios puntuales. El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, denunció que Managua vetó el ingreso de Natasha Franceschi, ratificada como embajadora estadounidense por el Senado el 30 de septiembre, y acusó al gobierno nicaragüense de estrechar vínculos policiales e de inteligencia con China y Rusia. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, Rosa María Payá, describió al país como un "estado policial".
El gobierno de Ortega, que abandonó formalmente la OEA en 2023 por orden presidencial, no tuvo representación en la reunión y calificó las críticas de instituciones dominicanas de "voces vasallas", según recogió la agencia EFE.
Lo que falta por resolver
A casi cuatro meses del discurso de Ortega, la crisis diplomática entre Managua y Santo Domingo permanece abierta y sin señales de distensión. La reforma constitucional nicaragüense todavía necesita su segunda ratificación legislativa el 18 de enero de 2027, el grupo ministerial de la OEA debe presentar sus recomendaciones hacia esa misma fecha, y ningún organismo ha precisado cómo se garantizarán los servicios consulares plenos a los dominicanos que permanezcan en territorio nicaragüense mientras la embajada en Managua siga sin personal propio. Para la comunidad dominicana en Centroamérica, el episodio ilustra cómo una disputa esencialmente política en Nicaragua termina teniendo efectos administrativos concretos sobre ciudadanos de terceros países, incluidos los dominicanos residentes allí, que de momento deben tramitar sus asuntos consulares a través de Costa Rica u Honduras en lugar de Managua.
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