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Análisis · 6 min de lectura

El fallo que podría devolver la cárcel a los prestamistas abusivos en RD

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la despenalización de la usura y exhortó al Congreso a legislar. Qué significa para quien debe dinero.

Persona contando billetes de dólar en efectivo, en referencia a préstamos y deudas

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Un vacío legal de más de dos décadas

Desde 2002, cobrar intereses abusivos en República Dominicana no es delito. Pocos dominicanos lo saben, pero esa es la realidad jurídica que el Tribunal Constitucional (TC) acaba de poner en el centro del debate con una sentencia dictada el 5 de mayo de 2026. El fallo, identificado como Sentencia TC/0235/26, declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del numeral 1 del artículo 91 de la Ley 183-02 —el Código Monetario y Financiero—, norma que en su momento derogó las sanciones penales contra la usura contempladas desde 1919 en la Orden Ejecutiva 312.

En otras palabras: durante más de 100 años, cobrar un interés "usurario" —excesivo, desproporcionado o abusivo al punto de hacer imposible el pago— era un delito castigado con multas y hasta prisión. Eso cambió hace 24 años, cuando el Código Monetario y Financiero eliminó esas penas sin crear un mecanismo que las sustituyera. El resultado fue un vacío legal que, según el TC, contradice tanto la Constitución dominicana como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual obliga a los Estados a prevenir la explotación económica de las personas.

Qué dijo exactamente el Tribunal

El Pleno del TC, presidido por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, resolvió el caso por mayoría. La decisión no crea automáticamente un nuevo delito ni fija una tasa de interés máxima: el propio tribunal reconoce que esa es tarea del Congreso Nacional, al que exhortó a aprobar "un nuevo marco legal" que penalice la usura y regule los préstamos abusivos dentro del sistema monetario y financiero vigente.

Las fuentes consultadas no detallan cuál fue el caso concreto —es decir, qué proceso judicial o qué parte demandante originó el expediente— que llegó hasta el TC. Tampoco existe un plazo constitucional fijo para que el Congreso legisle: el exhorto no es una orden con fecha de vencimiento, sino lo que juristas describen como una fuerte presión legal y política para que los legisladores actúen. Esto significa que, al momento de escribir este artículo, la usura sigue sin estar penalizada en el país: el fallo abre la puerta a una nueva ley, pero esa ley todavía no existe.

Quién practica la usura en República Dominicana

El fallo pone el foco en una realidad cotidiana para miles de dominicanos: los llamados "prestamistas", personas que ofrecen dinero en efectivo de forma rápida y sin tantos requisitos a trabajadores informales, pequeños comerciantes y familias de bajos ingresos que no califican para un préstamo bancario tradicional. Esa informalidad es, precisamente, lo que hace difícil medir el problema con cifras oficiales: ni el Banco Central ni la Superintendencia de Bancos regulan ni reportan las tasas que cobran los prestamistas individuales, porque operan fuera del sistema financiero supervisado. Ninguna de las fuentes consultadas para este artículo ofrece una cifra concreta sobre cuánto cobran en promedio estos prestamistas informales, y es importante no inventar un número: lo que sí hay son datos oficiales sobre la banca formal, que sirven de referencia de lo que el sistema regulado considera "normal".

Según el Banco Central, la tasa de interés activa promedio del sistema bancario rondaba el 13.59% anual en enero de 2026. En el segmento de microcrédito —los préstamos pequeños que piden negocios informales o en formación—, la Superintendencia de Bancos reportó tasas cercanas al 35% anual en marzo de 2026. Esas cifras no se refieren a préstamos "usurarios": son tasas de la banca formal, sujeta a supervisión. Pero ilustran el punto de partida frente al cual cualquier futura ley tendría que definir, con criterios técnicos, dónde termina una tasa alta y dónde empieza una tasa abusiva.

El proyecto de ley que ya está en el Senado

Apenas dos días después de conocerse la sentencia, el senador Eduard Espiritusanto, vocero del bloque de Fuerza del Pueblo, depositó el 7 de mayo de 2026 un proyecto de ley para regular la usura tanto en el mercado financiero formal como en el informal. Según la propuesta, citada por la emisora ZOL 106.5 FM, el objetivo es crear "un régimen jurídico integral" para prevenir, controlar y corregir las prácticas usurarias, protegiendo a las personas en situación de vulnerabilidad económica sin afectar la libertad de empresa ni la estabilidad del sistema financiero.

La pieza clave del proyecto es que no fija una tasa máxima en el texto de la ley, sino que delega esa función en la Junta Monetaria, que mediante reglamentación y criterios técnicos establecería los límites a las tasas de interés y al costo total del crédito. Esos límites considerarían la naturaleza del financiamiento, el nivel de riesgo, el tipo de operación y las condiciones del mercado. "Muchas personas terminan atrapadas en ciclos de deuda provocados por préstamos con condiciones abusivas", declaró Espiritusanto al presentar la iniciativa. El proyecto debe pasar ahora por las comisiones del Senado, el debate en el pleno de esa cámara, la aprobación de la Cámara de Diputados y, finalmente, la promulgación del Poder Ejecutivo. Ninguna fuente consultada indica que el proyecto haya avanzado más allá de su depósito inicial hasta la fecha.

La presión política se mantiene

El tema no se ha quedado solo en el papel. El 3 de junio de 2026, el dirigente político Fausto Jáquez exigió desde el Senado que el Congreso establezca sanciones efectivas contra la usura, que se legisle para definir con precisión qué la constituye y que se fijen penas proporcionales y disuasivas. Calificó la práctica como "una forma de violencia económica" y pidió que legisladores, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil y académicos participen en el debate. Según Jáquez, la sentencia constitucional es "un mandato que los legisladores no pueden ignorar", y la falta de una ley ha permitido que la práctica persista durante décadas, afectando sobre todo a los más vulnerables.

Qué significa esto, hoy, para alguien con una deuda

Para el dominicano promedio, el mensaje inmediato es doble. Primero, nada ha cambiado todavía en términos legales: si alguien firmó un préstamo con un prestamista informal a una tasa que considera abusiva, hoy no existe un delito específico de usura al que recurrir, más allá de las vías civiles generales para impugnar contratos o denunciar prácticas fraudulentas ante instancias como Pro Consumidor. Segundo, el panorama puede cambiar en los próximos meses o años si el proyecto de Espiritusanto —o alguna versión modificada de este— avanza en el Congreso. De aprobarse, la Junta Monetaria tendría la tarea de traducir el principio general de "no abusar" en números concretos: un techo a las tasas de interés que hoy no existe.

Lo que queda claro, con las fuentes disponibles, es que el debate sobre la usura en República Dominicana dejó de ser un tema exclusivamente académico o de defensores de derechos del consumidor. Con una sentencia del Tribunal Constitucional de por medio y un proyecto de ley ya depositado, cualquier dominicano que dependa de préstamos informales para llegar a fin de mes tiene, por primera vez en más de dos décadas, una razón concreta para seguir de cerca lo que decida el Congreso Nacional.

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