Fin del arancel al arroz: qué cambia para productores y consumidores

Un decreto que destraba dos décadas de protección arancelaria

El 9 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 635-26, que deja sin efecto el Decreto 693-24 (del 17 de diciembre de 2024) y, con él, el régimen especial que durante casi dos años había protegido al arroz dominicano frente a las importaciones estadounidenses. La medida se conoció públicamente en la primera semana de octubre, después de que Confenagro y Fenarroz exigieran explicaciones al Gobierno y el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, saliera a aclarar que la derogación "no significa abandono" al sector arrocero.

El Decreto 693-24 establecía tres elementos centrales: un arancel de 20% para las importaciones de arroz dentro de un contingente fijado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), un arancel de 99% para lo que excediera ese contingente, y una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense que podía entrar al país con arancel de 0%. Según la cobertura disponible hasta ahora, el nuevo decreto no detalla con precisión qué arancel sustituye a ese esquema, un vacío que explica buena parte de la incertidumbre que hoy expresan los productores.

Por qué ahora: la presión del DR-CAFTA y de Washington

La raíz del cambio está en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), firmado en 2005 y vigente para el país desde 2007. El arroz quedó entonces en la categoría más protegida del acuerdo: un arancel base de 99%, diez años de gracia y un calendario de desgravación escalonada que, de acuerdo con el cronograma original, debía llegar a arancel cero para el arroz estadounidense a partir del 1 de enero de 2025.

El Decreto 693-24, firmado apenas dos semanas antes de esa fecha límite, mantuvo en la práctica la protección mediante el mecanismo del contingente arancelario de la OMC. El 11 de septiembre de 2026 —dos días después de la firma del Decreto 635-26— la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) pidió públicamente que se derogara esa disposición, argumentando que el país debía cumplir los compromisos de acceso al mercado pactados en el tratado. El orden de los hechos sugiere que el Gobierno dominicano se adelantó a esa exigencia, en medio de conversaciones más amplias con Washington que incluyeron un encuentro virtual del canciller Víctor "Ito" Bisonó con representantes estadounidenses sobre un posible acuerdo de comercio recíproco.

Lo que dice el Gobierno

El ministro de Agricultura insistió en que la protección al productor "no se limita a un arancel" y enumeró otras vías de respaldo: financiamiento oportuno, mecanización, reducción de costos, asistencia técnica, planificación de siembra y comercialización ordenada. Citó en particular el Programa Nacional de Mecanización Agropecuaria (Pronamec), lanzado en San Juan, que el Gobierno planea extender a otras demarcaciones productoras.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se pronunció en un tono similar tras una reunión en la Cámara de Diputados: descartó que la medida provoque alzas de precios, argumentando que lo que se consume en el país se produce en su mayoría localmente, y calificó al sector arrocero dominicano de "fuerte" y "competitivo". Añadió que la derogación no cierra el tema comercial con Estados Unidos y que el Gobierno buscará una "nueva conversación" sobre las relaciones arancelarias.

La respuesta del sector arrocero

Confenagro —que agrupa a distintos gremios agropecuarios— pidió al Ejecutivo explicar con precisión qué medidas tomará para proteger la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria, y advirtió que la derogación golpea a la producción. Fenarroz, por su parte, optó por una postura de respaldo condicionado a la próxima ronda de negociaciones: pidió que el proceso tome en cuenta que los productores estadounidenses operan con mayor escala, capacidad financiera e infraestructura que los dominicanos, y que la seguridad alimentaria no se mida solo por el precio de los alimentos sino por la capacidad del país de producir lo esencial.

El gremio recordó que el cultivo del arroz tiene presencia en 96 municipios de 21 provincias y sostiene a miles de familias a lo largo de una cadena que incluye productores, jornaleros, transportistas, agroindustrias y proveedores de insumos.

Los números detrás del debate

Las cifras disponibles ayudan a entender la magnitud de lo que está en juego. La producción nacional de arroz en 2024 se ubicó en torno a las 680,000 toneladas, suficientes para cubrir cerca del 96% del consumo interno, que promedia unos 65 kilogramos per cápita al año. En 2025, el sector reportó una cosecha récord de 14.78 millones de quintales. Una sequía en 2024 multiplicó por nueve las importaciones de ese año: entre enero y noviembre entraron 157,183 toneladas por un valor de US$118.1 millones, con Estados Unidos como principal origen (42.4%), seguido de Brasil (24.4%), Guyana (16.6%) y Uruguay (12.2%).

La brecha de competitividad es el núcleo del problema. Según datos de 2024, el arroz nacional se pagaba al productor entre RD$14.18 y RD$17.19 por libra, mientras el arroz selecto salía de la factoría a RD$31.70 por libra; el arroz largo estadounidense, puesto en puerto dominicano bajo el régimen CIF, costaba RD$22.62 por libra. El costo de producción por tarea —unos 629 metros cuadrados— subió de un rango de RD$6,500 a RD$7,000 antes de la pandemia a entre RD$10,000 y RD$10,200 en la actualidad, mientras el rendimiento promedio se mantiene en 5.28 toneladas por hectárea, por debajo de la meta de 7 toneladas que el propio sector considera alcanzable.

El Estado ha sostenido al sector con instrumentos de crédito y subsidio: en 2025, el Banco Agrícola destinó 44.9% de su cartera de préstamos —unos RD$8,419.7 millones— al arroz, y entre 2021 y 2024 el subsidio a fertilizantes para el rubro sumó RD$5,150 millones. Se estima que unos 31,000 productores dependen directa o indirectamente de este cultivo.

Qué puede significar para el consumidor

Ni el Gobierno ni los gremios han precisado todavía si la eliminación de esta protección se traducirá en una caída real de los precios del arroz en el mercado dominicano, o si, como advierte Fenarroz, una mayor dependencia de las importaciones no garantiza automáticamente precios más bajos para el consumidor final. La diferencia entre el costo del arroz importado puesto en puerto y el precio del arroz nacional en factoría sugiere que existe margen para que las importaciones presionen los precios, aunque ese efecto dependerá de cuánto arroz termine entrando realmente al país y de si el Gobierno aplica algún arancel residual que la cobertura periodística disponible hasta ahora no ha detallado con exactitud. Este es, precisamente, el punto donde la información pública disponible resulta incompleta y conviene seguir de cerca en las próximas semanas.

Lo que sí queda claro es que el debate se traslada ahora a una nueva ronda de negociación comercial con Estados Unidos, en la que República Dominicana buscará, según el propio Gobierno, condiciones más sólidas y técnicas que las que regían hasta ahora, mientras los productores arroceros reclaman certeza sobre qué protección concreta les queda frente a un mercado estadounidense con mayor escala y capacidad financiera.