Ley 36-26 de Residuos Sólidos: lo que cambia para empresas y consumidores antes de fin de año

Una ley que ya está vigente y una fecha límite que se acerca

El 9 de julio de 2026, el asesor legal de la Presidencia, Jorge Subero Isa, confirmó al Senado la promulgación de la Ley 36-26, que modifica la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. El texto fue publicado días después y, según reportó Diario Libre, entró en vigencia de forma inmediata tras su promulgación por el presidente Luis Abinader. El Congreso la aprobó en un proceso acelerado: el Senado le dio su votación final el 30 de junio, apenas días antes de que el Poder Ejecutivo la convirtiera en ley.

Para el dominicano de a pie, la ley se siente primero en el supermercado. La Ley 98-25, de diciembre de 2025, ya había establecido un plazo de doce meses para que los comercios dejaran de entregar fundas plásticas gratis, y esa fecha —15 de diciembre de 2026— está a menos de tres meses de distancia. A partir de entonces, colmados, supermercados y farmacias deberán cobrar por cada funda plástica que entreguen, salvo que el cliente traiga su propia bolsa reutilizable. La Ley 36-26, más reciente, añade otra capa: prohíbe la importación de productos de foam (vasos, platos, envases) y de sorbetes plásticos, y exige que ciertos artículos de un solo uso cuenten con certificación de biodegradabilidad.

Quién paga, cuánto y a quién

El cambio de mayor calado para el sector empresarial es la creación de una contribución anual obligatoria, cobrada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que sustituye el esquema de tarifas planas anterior por una escala progresiva según los ingresos brutos anuales de cada empresa. De acuerdo con la cobertura de Listín Diario y Diario Libre, la escala aproximada es la siguiente:

• Ingresos de RD$0 a RD$5 millones: RD$5,000 al año
• RD$5 a RD$10 millones: RD$6,000
• RD$10 a RD$25 millones: RD$20,000 (Revista Mercado reporta RD$25,000 para este mismo tramo; las fuentes consultadas no coinciden en la cifra exacta)
• RD$25 a RD$50 millones: RD$90,000
• RD$50 a RD$80 millones: RD$120,000
• RD$80 a RD$100 millones: RD$150,000
• RD$100 a RD$300 millones: RD$400,000
• RD$300 a RD$500 millones: RD$500,000
• RD$500 a RD$700 millones: RD$675,000
• RD$700 millones a RD$1,000 millones: RD$750,000
• RD$1,000 a RD$2,500 millones: RD$1,700,000
• Más de RD$2,500 millones: RD$2,200,000

El pago puede hacerse de una sola vez o en dos cuotas: 50% en junio y 50% al cierre del año. Las empresas sin fines de lucro quedan exentas, las compañías inactivas pagan el mínimo de RD$5,000, y las de mayor facturación pueden deducir la contribución de su Impuesto Sobre la Renta (ISR). El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que la escala beneficia a 145,000 empresas —que verían tarifas iguales o menores a las anteriores— mientras que solo 1,114 empresas de mayor tamaño asumirían incrementos.

No fue posible confirmar con una fuente primaria (Gaceta Oficial, DGII o Ministerio de Medio Ambiente) el texto exacto de cada tramo, por lo que las cifras arriba corresponden a la cobertura de prensa disponible. Se recomienda a las empresas verificar su tramo específico directamente con la DGII antes de la fecha de pago.

Para qué se usará el dinero recaudado

Según el articulado citado por los medios, los fondos recaudados están destinados a fortalecer el financiamiento de la gestión integral de residuos: recolección, tratamiento, reciclaje, protección ambiental y desarrollo de la llamada economía circular. La ley también reordena la infraestructura de disposición final: establece un máximo de un relleno sanitario por provincia y una planta de procesamiento por cada diez regiones o radio de 70 kilómetros, con la excepción de la región Ozama, exonerada de ese límite por su alta densidad poblacional.

Las quejas del sector empresarial

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), junto con AmChamDR y Asonahores, cuestionó públicamente la rapidez con la que se tramitó la reforma —calificada por críticos como aprobada "con escaso debate"— y reclamó un proceso de discusión más amplio, con criterios técnicos y consulta previa al sector privado. Sus principales argumentos giran en torno a tres puntos: el efecto sobre la competitividad de las empresas, el clima de inversión y el encarecimiento de costos que terminaría trasladándose a los consumidores. El Conep señaló además que la ley concentra nuevas cargas económicas sobre las mismas empresas que meses antes habían asumido cambios en las tasas del Impuesto Sobre la Renta, en referencia a la reforma tributaria aprobada este mismo año.

El sector de la construcción tiene un reclamo más específico. Cinco gremios —Acoprovi, Aprocovici, Acosde, Adecla y Cadocon— advirtieron sobre un riesgo de doble tributación cuando un proyecto inmobiliario se desarrolla a través de un fideicomiso: mientras un promotor que construye directamente tributa una sola vez, uno que usa un fideicomiso podría terminar pagando la contribución dos veces, una vez como fideicomiso y otra como empresa promotora. Los gremios dijeron respaldar la gestión ambiental de fondo, pero pidieron aplicar "criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica" para no encarecer el acceso a la vivienda, particularmente en los proyectos de bajo costo, donde los márgenes financieros son más estrechos y el uso de fideicomisos es más común. Ninguna de las fuentes consultadas precisa en cuánto subiría el precio final de una vivienda, por lo que ese impacto sigue siendo una proyección del sector y no una cifra confirmada.

Una lectura distinta desde la industria del plástico

No todas las reacciones empresariales han sido negativas. Michael Laurier, presidente de la empresa Symphony —fabricante de aditivos para plásticos biodegradables—, valoró en declaraciones a Diario Libre que el enfoque dominicano no prohíbe el plástico de forma general, sino que exige su conversión a materiales biodegradables bajo estándares certificados, algo que a su juicio abre una oportunidad para que el país se convierta en un centro regional de manufactura de plásticos biodegradables. Laurier explicó que la certificación que aplican sigue una norma estadounidense, la única —según dijo— que mide la biodegradación en ambientes abiertos, mientras países como México, Arabia Saudita y el Reino Unido han desarrollado normas propias. Ninguna fuente consultada precisa qué entidad dominicana certificará la biodegradabilidad en el mercado local, un vacío que probablemente se resuelva por vía reglamentaria en los próximos meses.

Qué deben tener presente los lectores

• Consumidores: a partir del 15 de diciembre de 2026, los comercios ya no podrán regalar fundas plásticas; habrá que pagarlas o llevar bolsa propia.
• Dueños de negocios: revisar en qué tramo de ingresos brutos cae la empresa y confirmar con la DGII el monto y la fecha exacta de pago de la nueva contribución anual.
• Importadores y comercios que usan foam o sorbetes plásticos: la ley fija un plazo de seis meses desde su promulgación —es decir, alrededor de enero de 2027— para dejar de importar esos productos.
• Desarrolladores inmobiliarios que operan vía fideicomiso: el reclamo por posible doble tributación sigue sin resolverse públicamente; conviene consultar con un asesor legal antes de estructurar nuevos proyectos.

La ley ya es una realidad legal, pero varios de sus detalles de aplicación —desde la cifra exacta de cada tramo hasta la entidad certificadora de biodegradabilidad— todavía dependen de reglamentos y aclaraciones que el Gobierno no ha publicado en su totalidad.