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Análisis · 6 min de lectura

La reforma policial perimió: qué cambiaba y qué sigue

El proyecto que reformaba la Ley 590-16 de la Policía Nacional no fue aprobado antes del cierre de la legislatura del 26 de julio. Qué contenía, dónde se atascó y qué plazos quedan.

Hombre con uniforme de policía en una foto genérica de Unsplash; no corresponde a la Policía Nacional Dominicana ni a un hecho concreto.

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Un proyecto que se quedó sin tiempo

La Policía Nacional se rige por la Ley Orgánica núm. 590-16. Durante meses, el Gobierno impulsó un proyecto para sustituirla, o modificarla en buena parte, con el argumento de que el país necesita una policía más profesional, con reglas claras sobre el uso de la fuerza y mejores condiciones de retiro. Al cerrar la legislatura ordinaria del 26 de julio de 2026, esa iniciativa perimió. No fue aprobada a tiempo y, según la regla que explica Revista Mercado, debe volver a presentarse desde cero.

Este análisis revisa qué contenía la propuesta, por qué se atascó y qué significa para el ciudadano. No pudimos leer el texto en la página oficial del Senado ni de la Cámara de Diputados. La base son las coberturas de El Día, Diario Libre, El Nuevo Diario y Revista Mercado, y estos medios no siempre coinciden en las cifras.

Cronología: de diciembre a julio

El Poder Ejecutivo depositó el proyecto en el Senado el 8 de diciembre de 2025, según Diario Libre. Durante siete meses no tuvo informe favorable de la comisión especial del Senado, de acuerdo con Revista Mercado en su nota del 24 de junio de 2026.

El giro llegó en julio. En la madrugada del jueves 9 de julio, el Senado aprobó en primera lectura el proyecto con 25 votos de los 27 senadores presentes, según El Día. La sesión no estaba prevista en el orden del día y se incluyó tras obtener mayoría. El texto pasó a la Cámara de Diputados el 13 de julio.

Ahí empezó el problema de tiempo. La Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara, presidida por el diputado Carlos Sánchez, tenía plazo hasta el 21 de julio. Según Diario Libre, para esa fecha apenas había revisado unos 15 artículos. Sánchez calificó de "inviable" emitir un informe en esas condiciones y anunció que pediría una prórroga.

El cierre fue a medianoche del 26 de julio. El Nuevo Diario, en su nota del 29 de julio, reportó que el proyecto murió en esa comisión y debe reintroducirse en una nueva legislatura. Las notas consultadas no hablan de una votación en contra. El proyecto simplemente no llegó a votarse.

Qué cambiaba para los agentes y para la gente

Según El Día, el texto tenía cinco ejes principales. Tres de ellos tocan directamente al ciudadano.

  • Seguridad privada. Los agentes no podrían prestar servicios de vigilancia, custodia o seguridad a personas o empresas privadas. La reforma modificaba el artículo 145 para acabar con la práctica de contratar policías como escoltas o guardias de negocios.
  • Uso de la fuerza. Los agentes debían priorizar métodos no letales y usar el arma de fuego solo como último recurso. El exceso se tipificaría como delito de abuso, y la reincidencia llevaría a la destitución.
  • Registros y cámaras. Según El Día del 10 de julio, sería falta grave hacer un registro sin tener encendida la cámara corporal. El texto reconocía el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales. El artículo 155 exigía que los registros personales los hicieran agentes del mismo sexo, prohibía tocar zonas íntimas y vetaba actuar por estereotipos de raza, apariencia o identidad de género.

Los otros dos ejes son internos. Se creaban tres categorías de agentes, Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, con ascensos basados en mérito y formación académica. También se creaba un plan exclusivo de pensiones para policías, identificado como AFP-PEPPN, sin montos ni tasas de aporte. Según El Día, los agentes con 11 años o más de servicio conservaban sus derechos en el régimen de retiro, y los de nuevo ingreso quedaban sujetos al nuevo sistema.

Para el lector, la diferencia práctica estaría en tres preguntas: si un policía puede cobrar por seguridad privada mientras está de servicio, si grabar un registro deja de ser una discusión de palabra contra palabra, y si la formación pesa más que la recomendación en un ascenso. Ninguno de esos cambios está vigente. Mientras no se apruebe una ley nueva, sigue rigiendo la Ley 590-16.

Por qué no alcanzó el calendario

El problema fue la matemática legislativa. Revista Mercado explica que un proyecto tiene vigencia de dos legislaturas: si no se aprueba en ese plazo, perime y hay que volver a depositarlo. Este llegó al Senado en diciembre de 2025 y a la Cámara en julio de 2026, con apenas trece días para la comisión antes del cierre.

El tamaño del texto agravó el problema. Diario Libre reportó que el proyecto tenía 342 artículos y 516 páginas en la Cámara. Una comisión que había revisado quince artículos a días del plazo no tenía cómo emitir un informe responsable. Sánchez lo dijo sin rodeos: la prioridad era un estudio serio, no acelerar la aprobación.

Cifras que no cuadran

  • Número de artículos. El Día habla de 315 artículos. Diario Libre habla de 342 en la Cámara. Es probable que sean versiones distintas del texto, pero no pudimos confirmar cuál es la oficial.
  • Artículos modificados. Las notas hablan de 40, de 43 y de "más de 65". El Día, en su nota del 10 de julio, dice que el informe modifica "más de 65" artículos, pero su propia lista contiene 43 números.
  • Plazo. Revista Mercado y Diario Libre señalan el 26 de julio como fecha de cierre. No encontramos otra fecha en las fuentes consultadas.

Qué sigue

Según El Nuevo Diario, el proyecto debe reintroducirse en una nueva legislatura. De acuerdo con CDN, el Congreso retoma las reformas pendientes a partir del 16 de agosto. Al preparar este análisis, el 20 de noviembre de 2026, no encontramos ninguna nota que confirme que el Ejecutivo volvió a depositarlo.

Si lo hace, conviene vigilar tres cosas: si mantiene la prohibición de seguridad privada, si la cámara corporal queda como obligación con una sanción concreta y cómo se financiará el plan de pensiones, que el texto de julio no define.

Lo que hay que tener presente

Hoy la policía se rige por la ley vigente. Cualquier cambio en las reglas que rigen las actuaciones policiales, como la obligación de grabar registros o los límites al uso de la fuerza, requiere una ley aprobada por las dos cámaras y publicada en la Gaceta Oficial. Hasta entonces, son propuestas.

Este texto describe un proyecto no aprobado, y las cifras y artículos citados vienen de la prensa, no del documento oficial. Antes de citarlos, revise el estado del expediente en el Senado o en la Cámara de Diputados.

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