El seguro obligatorio de vehículos lleva más de un año sin resolverse en RD

Una reforma que nació en 2025 y todavía no aterriza

Desde julio de 2002, cuando la Superintendencia de Seguros emitió la Resolución 010-2002, los montos mínimos del llamado "seguro de ley" o seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos de motor no se habían actualizado. Esa resolución, dictada al amparo de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas, fijó una cobertura mínima de apenas RD$50,000 para motocicletas de hasta 135 cc y una prima base cercana a los RD$620, cifras que debían revisarse cada dos años pero que quedaron congeladas durante 23 años.

En junio de 2025, el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, firmó la Resolución 05/2025, que derogaba la norma de 2002 y elevaba sustancialmente los límites: por ejemplo, hasta RD$500,000 por lesiones, RD$500,000 por muerte y RD$1,000,000 por daños a terceros para automóviles privados de hasta cuatro cilindros, con una prima base de RD$2,750. Para autobuses, los límites subían a RD$1,000,000 / RD$1,000,000 / RD$2,000,000, con primas de RD$8,379 en el transporte privado y RD$17,078 en el público. Días después, la Resolución 07/2025 añadió límites específicos para motocicletas de hasta 250 cc: entre RD$100,000 y RD$200,000 en responsabilidad civil, con una prima de RD$770. Ambas debían entrar en vigencia entre julio y septiembre de 2025.

El freno y la consulta que ya duplicó su plazo

La reacción de gremios de transporte, motoconchistas y algunos sectores fue tan fuerte que, el 11 de agosto de 2025, la Superintendencia emitió la Resolución 10-2025, que suspendió temporalmente las resoluciones 05 y 07-2025 y reactivó el esquema de 2002 mientras se abría una "consulta pública ampliada" de seis meses. El propio Valentín lo explicó así: "Preferimos sacrificar la eficacia y la prontitud de la entrada en vigencia" a cambio de construir la norma con consenso.

El cronograma oficial de ese proceso, presentado el 17 de septiembre de 2025 en la UASD, fijaba un segundo encuentro para el 25 de septiembre, la entrega de un documento definitivo el 31 de octubre de 2025 y la entrada en vigor de la nueva normativa el 9 de febrero de 2026. Esa fecha ya pasó hace más de ocho meses y, según la información disponible hasta ahora, la actualización sigue sin oficializarse. Un reportaje de elDinero del 26 de mayo de 2026 sobre siniestralidad vial todavía describía la revisión de los límites como una medida "objetada" y "que se espera entre en vigencia en 2026, una vez los sectores involucrados logren un consenso", es decir, sin fecha firme casi cuatro meses después del plazo anunciado. Una columna de opinión publicada en elDinero el 17 de septiembre de 2026 sobre la responsabilidad civil en el ramo vehicular tampoco menciona que la reforma haya concluido. Este medio no encontró, al cierre de esta nota, un anuncio oficial de la Superintendencia de Seguros confirmando que una nueva resolución sustituyó definitivamente a la de 2002, por lo que ese punto debe tomarse como no confirmado.

Lo que está en juego para el conductor dominicano

Mientras el proceso se extiende, millones de vehículos circulan con una cobertura que todas las partes, incluidas las aseguradoras, consideran insuficiente. Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores (Cadoar), lo resumió con un ejemplo: si un accidente genera RD$500,000 en daños, la póliza de ley solo cubre RD$50,000 y el resto queda a cargo del causante, quien en la mayoría de los casos no tiene cómo pagarlo. El diputado Mayobanex Martínez Durán planteó en el Congreso, en noviembre de 2025, que los montos vigentes no alcanzan ni para una cirugía, una prótesis o una estadía en cuidados intensivos, y que eso deja desprotegidos a choferes, motoconchistas y a las familias de menores ingresos.

Las cifras del parque vehicular agravan el problema. Según datos recogidos por elDinero, a finales de 2025 había 6,194,052 vehículos registrados en el país, de los cuales el 57% (unos 3,531,967) eran motocicletas. Solo alrededor del 37% del total tenía una póliza vigente, y entre las motocicletas la cobertura llegaba apenas al 9.7%. Un reportaje anterior, de agosto de 2025, había situado la tasa de vehículos sin seguro en 64%, citando a Cadoar; la cifra más reciente arroja un 63% sin cobertura, así que las fuentes no coinciden exactamente en el porcentaje, aunque ambas apuntan a que al menos seis de cada diez vehículos circulan sin el seguro mínimo. En materia de siniestralidad, 2025 cerró con 2,976 muertos y más de 144,276 heridos en accidentes de tránsito; los motociclistas representaron el 73.5% de esas muertes. Hacia el 25 de mayo de 2026 ya se contaban 835 muertos y 30,826 heridos en lo que iba de ese año.

Qué puede hacer un conductor mientras tanto

En la práctica, quien renueva o contrata un seguro de vehículo hoy sigue rigiéndose por los montos de la Resolución 010-2002, no por los más altos que se anunciaron en 2025. Eso significa que, ante un accidente grave, la póliza obligatoria probablemente no cubrirá el costo real de una hospitalización, una incapacidad permanente o un fallecimiento, y la diferencia recaerá sobre el patrimonio del conductor responsable. Los especialistas del sector, como el consultor Osiris Mota, han planteado que además de actualizar los montos se revise cómo se emite el seguro de ley, de modo que las aseguradoras verifiquen el estado mecánico del vehículo antes de cubrirlo, y que haya mayor coordinación entre el Intrant, la DGII y las aseguradoras.

Hasta que la Superintendencia de Seguros publique y confirme oficialmente una resolución definitiva, cualquier persona que dependa exclusivamente del seguro obligatorio debería considerar coberturas voluntarias de responsabilidad civil ampliada, especialmente si conduce con frecuencia, transporta pasajeros o trabaja en el transporte público o en aplicaciones de motoconcho. Los gremios del sector, incluido Concemoto, han participado en las mesas de diálogo y en general respaldan una actualización, pero insisten en que debe ir acompañada de educación vial y de control efectivo sobre quienes circulan sin ningún tipo de póliza.