La ley para regular las criptomonedas en RD se estanca en el Congreso

Un proyecto que prometía poner reglas al mercado cripto dominicano

Desde marzo de 2026, la Cámara de Diputados de República Dominicana tiene sobre la mesa un proyecto de ley que busca, por primera vez, poner reglas claras al uso y comercio de bitcoin y otros activos digitales en el país. Pero según reportó el portal especializado CriptoNoticias el 18 de agosto de 2026, la iniciativa está "paralizada": no se ha registrado ningún avance desde principios de junio, cuando se celebró la última mesa de trabajo técnica con el sector.

La propuesta, titulada "Ley para la Prevención, Control y Regulación de las Criptomonedas", fue depositada formalmente el 16 de marzo de 2026 por el diputado Carlos de Pérez. El 7 de abril pasó a estudio de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Francisco Javier Paulino, donde permanece desde entonces sin que se haya anunciado una fecha de votación.

Qué busca regular el proyecto

Según el texto depositado y lo discutido en las audiencias de la comisión, la ley propone, entre otros puntos:

• Clasificar el bitcoin y otros activos digitales como bienes sujetos a tributación, de forma que las ganancias por su venta o intercambio se graven de manera similar a otros activos financieros.
• Exigir una licencia llamada "Calidad Certificante", emitida por la Superintendencia de Valores, para que exchanges y custodios de criptoactivos puedan operar legalmente en el país.
• Reconocer el derecho de los comercios a fijar precios en activos digitales, siempre bajo un modelo que sus promotores describen como estrictamente opcional, sin obligar a nadie a usarlos.
• Obligar a los proveedores de servicios cripto a informar a los usuarios sobre la volatilidad y la irreversibilidad de las transacciones.

El diputado De Pérez ha insistido en que el objetivo no es sustituir el peso dominicano, que sigue siendo la moneda de curso legal según la Constitución, sino "aportar orden y seguridad" a un mercado que, según los propios promotores de la ley, creció 52% en número de usuarios de activos digitales en el último año. Esa cifra, vale aclarar, proviene de los impulsores del proyecto y no de una fuente oficial o auditada; no hay un conteo público del Banco Central o de otra entidad estatal que la confirme de forma independiente.

El Banco Central, en contra; la comunidad cripto, dividida

La Superintendencia de Bancos y el Banco Central de República Dominicana (BCRD) han mantenido históricamente que las criptomonedas no están avaladas como medio de pago en el país y que su volatilidad representa un riesgo para los usuarios. De acuerdo con CriptoNoticias, el Banco Central se opone al proyecto de ley actualmente en discusión.

La comunidad cripto local, representada principalmente por la organización Bitcoin Dominicana y su fundador Pedro Vital, no rechaza la idea de una regulación, pero ha cuestionado el enfoque original del proyecto. Vital ha dicho públicamente que la primera versión de la propuesta parecía copiar modelos extranjeros, como el reglamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets), y que regular sin investigación de campo en el contexto dominicano "es una forma de especulación" que podría frenar oportunidades de desarrollo en lugar de ordenarlas.

A partir de esas críticas, la Comisión de Hacienda abrió mesas de trabajo técnico en mayo y junio de 2026 con representantes de Grupo Multicómputos, Finlabs, Neitec, agentes financieros y, de forma notable, con Juan Garrido, representante local de Tether, la empresa emisora de la stablecoin USDT. El objetivo declarado era revisar y fortalecer el texto antes de llevarlo a votación. Esa última mesa de trabajo, con unos ocho especialistas, se realizó el 8 de junio; desde entonces, según la fuente citada, el proyecto no ha vuelto a moverse en la agenda legislativa.

La lección de El Salvador, citada como advertencia

En una entrevista en pódcast recogida por CriptoNoticias el 3 de junio de 2026, Vital explicó que el modelo dominicano busca evitar los errores que, a su juicio, cometió El Salvador al adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en 2021. Según él, el principal error salvadoreño fue "imponer y no educar": el gobierno depositó automáticamente unos 30 dólares en bitcoin a cada ciudadano a través de la billetera estatal Chivo, sin un proceso previo de educación financiera, lo que —en palabras de Vital— dejó el capital de la gente "bajo la sombrilla de la ignorancia".

Por eso, el diputado De Pérez ha insistido en que el proyecto dominicano es de adopción estrictamente opcional: nadie estaría obligado a aceptar pagos en criptomonedas ni a usarlas. "Aunque haya que hacerlo por debajo de la mesa, se va a seguir haciendo", dijo De Pérez, refiriéndose a que el uso de criptoactivos en el país continuará exista o no un marco legal que lo ordene.

Por qué importa para quien usa cripto en RD

Mientras el proyecto permanece congelado en la Cámara de Diputados, miles de dominicanos siguen comprando, vendiendo y usando bitcoin y otras criptomonedas en un vacío regulatorio. Eso significa que, por ahora, quienes operan con exchanges o custodios no tienen garantías legales específicas si una plataforma falla o si son víctimas de fraude, más allá de la advertencia general del Banco Central de que estos activos no cuentan con su respaldo ni autorización.

Del lado comercial, iniciativas de base como la impulsada por Bitcoin Dominicana en la Ciudad Colonial de Santo Domingo —que logró que decenas de comercios, desde barberías hasta choferes de transporte privado, acepten bitcoin para compras cotidianas— seguirán operando de manera informal mientras no exista una ley que defina sus obligaciones fiscales o de reporte.

Para empresas tecnológicas y financieras que evalúan ofrecer servicios cripto en el país, la falta de un marco claro también es un factor de incertidumbre a la hora de decidir si invertir en República Dominicana o en otro mercado de la región, como México o Colombia, que ya cuentan con proyectos de ley similares en distintas etapas.

Lo que viene

Ni el Congreso ni los promotores del proyecto han anunciado una nueva fecha para retomar las discusiones. Hasta la fecha de esta nota, la página oficial de la Cámara de Diputados no refleja ninguna acción posterior a la mesa técnica de junio. Quien quiera dar seguimiento al estado exacto del proyecto puede consultar directamente el portal de la Cámara de Diputados de República Dominicana o las publicaciones de Bitcoin Dominicana, que ha prometido mantener informada a la comunidad sobre cualquier movimiento legislativo.

Por ahora, la conclusión que dejan los últimos meses es que, pese al crecimiento del uso de criptomonedas en el país, la discusión legislativa avanza con la misma volatilidad que caracteriza al propio bitcoin: con momentos de impulso seguidos de largas pausas sin explicación pública.