La imposibilidad que tienen los jóvenes —y no tan jóvenes— de independizarse motiva a los gobiernos regionales a aplicar iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos. En este caso, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha ampliado su cobertura del programa `Mi Primera Vivienda’, en el que ayuda a los madrileños con la hipoteca de su primera casa.
La ampliación tiene como principal objetivo subir la edad máxima a la que va dirigida la iniciativa del Ejecutivo madrileño. De este modo se incluirá a las personas entre 40 y 50 años para que puedan acceder al plan `Mi Primera Vivienda’. Las condiciones para que los madrileños puedan optar a las hipotecas son las siguientes:
- El 100% del valor del inmueble si el propietario tiene menos de 40 años.
- El 95% del valor del inmueble si el propietario está entre los 40 y los 45 años.
- El 90% del valor del inmueble si el propietario tiene entre 45 y 50 años.
Para que estas viviendas sean subvencionables, han de estar ubicadas obligatoriamente en cualquier parte de la Comunidad de Madrid y tienen que ser la residencia primaria y habitual del propietario durante al menos 5 años después de su adquisición. Con esta nueva ampliación de la medida, las casas pueden ser tanto de obra nueva como de segunda mano y el límite máximo del precio ascenderá hasta los 425.000 euros.
Aunque esta medida se anunció en septiembre, ha vuelto a la actualidad de la política madrileña por la aprobación este miércoles en el Consejo de Gobierno de una nueva Ley de Medidas Urgentes para la edificación de 18.000 nuevos pisos protegidos en la Comunidad de Madrid, de hoy a los próximos 4 años.
La ampliación de este programa coincide con la fuerte oposición que se está haciendo desde el gobierno de Ayuso al Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Aprobado este mismo martes, el plan del gobierno nacional tiene previsto transferir fondos a las Comunidades Autónomas en materia de viviendas bajo unas determinadas condiciones: como que financien ellas mismas un 40% del plan, que se blinde la vivienda pública y haya un trasvase más fluido de datos entre las comunidades y el Gobierno.
