Santo Domingo.- La diputada Leivy Bautista y su esposo Jean Claude interpusieron una querella penal contra Eduardo Saint-Hilaire y el Grupo Alofoke por difamación e injuria.
La acción judicial se sustenta en la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología por declaraciones emitidas mediante plataformas digitales contra los querellantes.
El expediente indica que Saint-Hilaire realizó acusaciones falsas vinculando al empresario Jean Claude con narcotráfico contrabando tráfico de armas y otras actividades delictivas graves.
Las declaraciones afectaron directamente la dignidad personal de la diputada Leivy Bautista y causaron un perjuicio moral significativo a sus hijos menores de edad.
Estas expresiones difundidas en medios de amplio alcance carecen de sustento probatorio y constituyen una campaña de desprestigio orientada a destruir su imagen pública.
Los querellantes reclaman una indemnización de cien millones de pesos dominicanos por concepto de daños morales personales y reputacionales ocasionados por las falsas declaraciones.
La querella establece como terceros civilmente responsables a las entidades Alofoke Media Group Corp y Alofoke Music por la producción del referido programa digital.
De acuerdo con el supuesto expediente presentado, el señor Saint-Hilaire realizó, de manera pública, reiterada e irresponsable, acusaciones falsas y profundamente difamatorias, vinculando al empresario Jean Claude con actividades delictivas de la más grave naturaleza, incluyendo narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y participación en estructuras del crimen organizado. Adicionalmente, las declaraciones emitidas incluyeron señalamientos que afectaron directamente la dignidad personal de la diputada Leivy Bautista y causaron un grave perjuicio moral a sus hijos menores.
El abogado Miguel Valerio fue designado para encabezar los procedimientos judiciales derivados de esta querella en defensa de los derechos de los afectados actualmente.
Con esta acción legal la diputada y su esposo reafirman su compromiso con la defensa de su honor dignidad e integridad ante la opinión pública.
El proceso busca sentar un precedente frente al uso irresponsable de las plataformas digitales como herramientas de difamación y calumnia en la República Dominicana.
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