AP revela que Venezuela ignoró advertencias de 2010 antes del colapso que dejó más de 6,500 muertos

Una investigación destapa lo que el gobierno venezolano no ha explicado

Una investigación publicada el 30 de septiembre de 2026 por la agencia Associated Press (AP) reveló que el colapso de decenas de torres de vivienda pública en el estado La Guaira, Venezuela, durante los terremotos gemelos del 24 de junio de 2026, tiene su origen en una decisión tomada quince años antes: construir sobre un terreno que científicos ya habían advertido como peligroso.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, con epicentro frente a las costas de La Guaira, derribaron en cuestión de segundos edificios de entre diez y veinte pisos en la parroquia de Caraballeda. Cámaras de seguridad citadas por AP captaron el momento en que ocho torres caen de forma casi simultánea. El saldo, según cifras oficiales citadas por la propia investigación, supera las 6,500 personas fallecidas y deja a más de 17,000 sin vivienda. A tres meses de la tragedia, cientos de familias siguen sin respuestas sobre por qué sus edificios cedieron mientras otras construcciones cercanas resistieron.

El origen: la emergencia de 2010

Para entender el colapso hay que regresar a 2010, cuando lluvias intensas y deslizamientos de tierra desplazaron a más de 100,000 personas en todo el país. Bajo presión para reubicar con rapidez a los damnificados, el gobierno de entonces levantó complejos habitacionales en la franja costera de La Guaira, entre ellos los conocidos como OPP 26 y OPP 27 en Caraballeda y el urbanismo "Hugo Chávez Frías" en Playa Grande, que llegó a albergar unas 3,400 familias en cerca de 190 edificios.

El problema, según la investigación de AP, es que ese terreno estaba formado por suelo limoso suelto, capaz de amplificar las ondas sísmicas, y se asienta cerca de la falla de San Sebastián, que corre mar adentro frente a la costa. El ingeniero Carlos Genatios, exministro de Ciencia de Venezuela, advirtió que ciertas parcelas "no debieron haberse usado porque son propensas a inundaciones". El geofísico mexicano Carlos Valdés, citado también por AP, resumió la decisión de construir allí como "desafiar a la naturaleza". Especialistas como Michael Schmitz, geólogo de la Universidad Central de Venezuela, y Eduardo Miranda, profesor de ingeniería civil en Stanford, explicaron además que las torres de diez a veinte pisos pueden entrar en resonancia con la frecuencia típica de las ondas sísmicas en suelos blandos, amplificando el daño estructural.

Una cifra que no cierra

Las cifras alrededor de esta tragedia no son del todo consistentes entre sí, y vale la pena decirlo con claridad: mientras el conteo oficial de fallecidos ronda las 6,500 personas, la ONU llegó a estimar, en los días inmediatamente posteriores a los sismos de junio, que más de 50,000 personas estaban desaparecidas. Esa brecha enorme entre una cifra y otra refleja el caos de las primeras horas de un desastre de esta magnitud, pero también la falta de información oficial verificable: según la investigación de AP, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo en enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro, no ha hecho públicos los planos, los estudios de suelo ni los registros de inspección de los edificios caídos, y tampoco ha difundido análisis forenses sobre las causas del colapso. Francisco "Farruco" Sesto, quien dirigió el programa de vivienda del chavismo cuando se construyeron esos complejos, declinó hablar con los periodistas de AP.

Por qué esto le importa a República Dominicana

El caso venezolano no es ajeno a la realidad caribeña. República Dominicana se ubica también en una zona de alta actividad sísmica, en el límite entre las placas del Caribe y Norteamérica, y ha sufrido terremotos históricos de gran magnitud, como el de 1946 frente a Samaná. Organismos como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de Obras Públicas han insistido durante años en la necesidad de actualizar y fiscalizar el cumplimiento del código sísmico dominicano, especialmente en construcciones de vivienda popular y en zonas urbanas densamente pobladas como el Gran Santo Domingo y Santiago.

La lección que deja La Guaira es precisamente esa: la urgencia de evitar que la presión por resolver una crisis habitacional termine sacrificando estudios de suelo, supervisión estructural y transparencia sobre los riesgos conocidos de un terreno. Para un país como RD, con un déficit habitacional propio y proyectos de vivienda social en marcha, el caso venezolano funciona como advertencia sobre los costos, medidos en vidas humanas, de construir rápido sin construir seguro.

Lo que sigue

A la fecha de esta publicación, no existe una investigación independiente ni una comisión internacional con acceso pleno a los documentos técnicos de los complejos colapsados. Organizaciones de derechos humanos han pedido que se permita el ingreso de peritos independientes a la zona de Caraballeda, mientras cientos de familias sobrevivientes permanecen en refugios temporales a la espera de información sobre reubicación permanente y sobre las causas exactas de lo ocurrido el 24 de junio.

La investigación de AP no ofrece una cifra definitiva de cuántos de los fallecidos estaban en los edificios de origen estatal frente a construcciones privadas, otro vacío que, según la propia agencia, el gobierno venezolano no ha ayudado a esclarecer.