Internacionales · 7 min de lectura
Sudán vive su peor escalada de ataques con drones mientras la ONU advierte una hambruna inminente
Naciones Unidas denuncia cientos de muertes por ataques con drones en Sudán este octubre y treinta países alertan sobre riesgo de hambruna, mientras Jartum niega la crisis.

Un aniversario marcado por la violencia
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el 27 de octubre de 2026 el fin de los combates en Sudán, un conflicto que describió como "una guerra contra la población civil". El llamado llegó justo un año después de la caída de El Fasher, capital de Darfur del Norte, en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tras un asedio de 18 meses que se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil sudanesa, iniciada en abril de 2023 por una disputa entre el ejército regular y ese grupo paramilitar sobre su integración a las fuerzas armadas.
En un mensaje en redes sociales, Guterres exigió que cesen los combates, que se proteja a la población civil y que la ayuda llegue sin obstáculos. También reclamó preservar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Sudán, y que su futuro lo decidan los propios sudaneses mediante un proceso político inclusivo.
Los drones, el arma que multiplica las víctimas civiles
La escalada reciente tiene un protagonista claro: los drones armados. Según cifras documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, solo en las primeras tres semanas de octubre de 2026 murieron al menos 306 personas por ataques con aviones no tripulados en distintas regiones del país. El alto comisionado, Volker Türk, calificó la cifra de "aterradora" y denunció el "creciente uso de vehículos aéreos no tripulados contra zonas civiles", advirtiendo que la destrucción de servicios esenciales e infraestructura está provocando nuevos desplazamientos.
Ese dato se suma a otro, de alcance distinto, presentado días antes ante el Consejo de Seguridad de la ONU: más de 1,100 personas murieron por ataques con drones en Sudán durante el primer semestre de 2026, lo que convirtió a estas armas en la principal causa de muertes civiles del año. Ambas cifras corresponden a periodos diferentes —seis meses uno, tres semanas el otro— por lo que no son directamente comparables, pero juntas describen una tendencia que no cede.
Entre los episodios más graves de este mes figuran un ataque aéreo que mató a cinco niños en una localidad de Kordofán del Norte bajo control de las FAR —atribuido al ejército por la organización Abogados de Emergencia—, y un bombardeo contra un refugio de desplazados en el estado del Nilo Azul, atribuido a las FAR, que dejó más de 30 muertos, según el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Jeff Bartos. El 3 de octubre, un ataque con drones impactó dos camiones del Programa Mundial de Alimentos, debidamente identificados y con los permisos requeridos, y mató a un conductor. Los bombardeos han alcanzado también viviendas, mercados, hospitales, campamentos de desplazados, plantas eléctricas y fuentes de agua en Darfur, Kordofán, la zona de Jartum y el Nilo Azul.
Ante el Consejo de Seguridad, la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, pidió el cese inmediato de los ataques con drones y propuso una prohibición mutua de su uso. Advirtió que ninguno de los bandos muestra interés en el diálogo porque ambos creen que pueden ganar más en el campo de batalla gracias al respaldo externo que reciben. La representante británica, Kate Foster, reclamó sanciones más duras contra quienes financian y abastecen de armas a ambos bandos. El estadounidense Bartos insistió en la necesidad de una tregua humanitaria como condición previa a un diálogo político hacia un gobierno de transición civil.
Una hambruna que Jartum niega
En paralelo a la crisis de seguridad, cerca de 30 países —entre ellos España y Estados Unidos— firmaron una declaración conjunta el 26 de octubre advirtiendo sobre un "deterioro alarmante" de la seguridad alimentaria en Sudán. Según la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), citada en esa declaración, 19.5 millones de personas —41% de la población sudanesa— enfrentan niveles agudos de inseguridad alimentaria, de las cuales 5 millones ya están en situación de emergencia. Los firmantes advirtieron que, sin una acción inmediata, la cifra de menores con malnutrición aguda severa podría superar los 825,000 proyectados, y que el número de zonas con inseguridad alimentaria, estimado inicialmente en 14, podría duplicarse.
La declaración atribuye la crisis alimentaria principalmente al conflicto: desplazamiento masivo, infraestructura dañada, interrupción de servicios de salud, de la producción de alimentos y de los mercados, además de la "obstrucción sistemática de la ayuda" por los bandos armados y los efectos del fenómeno El Niño. Los firmantes exigieron eliminar los obstáculos a la asistencia, garantizar acceso seguro y sin trabas —incluido el acceso aéreo a Darfur, mayormente bajo control de las FAR— y detener los ataques contra infraestructura civil y los sistemas agrícolas.
El gobierno sudanés respondió que la situación alimentaria es "estable" y que las reservas estratégicas son suficientes, pese al saqueo de depósitos y al desplazamiento forzado de agricultores. La cancillería acusó a ciertos Estados y organizaciones de "politizar" la situación humanitaria, en referencia a la propuesta de tregua que el jefe del ejército, general Abdel Fattah al-Burhan, ha rechazado reiteradamente, con el argumento de que un alto el fuego permitiría a las FAR rearmarse y cometer nuevas atrocidades, citando lo ocurrido en El Fasher y en Geneina. Esta contradicción entre las cifras de alerta de hambruna de esos países y la ONU, y la versión oficial sudanesa de que la situación es estable, permanece sin resolverse.
Una diplomacia estancada desde hace casi un año
El trasfondo de este nuevo llamado al diálogo se remonta a finales de noviembre de 2025, cuando Estados Unidos, junto con Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita —el llamado "Cuarteto"— propusieron una tregua de tres meses como paso previo a negociaciones de paz, tras la intervención personal del presidente Donald Trump. El líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, anunció entonces un cese unilateral de hostilidades por motivos humanitarios, aunque sus fuerzas habían lanzado ataques con drones contra posiciones del ejército poco antes. Al-Burhan, por su parte, rechazó la propuesta, argumentando que debilitaría al ejército mientras permitiría a las FAR conservar el territorio ya conquistado, y cuestionó el papel de Emiratos Árabes Unidos como mediador —país que Jartum acusa de armar a las FAR y que Abu Dabi niega—. "Nadie en Sudán aceptará la presencia de estos rebeldes ni que formen parte de ninguna solución futura", declaró entonces.
Casi un año después, con los combates concentrados en la región de Kordofán —corredor estratégico entre el este y el oeste del país— los indicadores económicos también se deterioran: la inflación interanual alcanzó 28.29% en septiembre de 2026, frente a 26.14% en agosto, según la Oficina Central de Estadística sudanesa, con alimentos y bebidas un 36.81% más caros que un año antes y la inflación urbana por encima del 40%. El tipo de cambio paralelo supera ya las 9,000 libras sudanesas por dólar. Diplomáticos citados por medios internacionales afirman que las negociaciones llevan meses estancadas, incluso después de que Al-Burhan, gobernante de facto de Sudán, le dijera a Trump que está comprometido con la paz. Para la ONU, el riesgo es que la guerra se extienda a toda la región, en un conflicto que ya ha matado a decenas de miles y desplazado a millones.
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