Colombia negocia con EE.UU. para bajar un arancel del 12,5% mientras sigue descertificada en la lucha antidrogas

Tres días de negociación técnica en Washington

Delegaciones de Colombia y Estados Unidos iniciarán este lunes 5 de octubre una ronda de reuniones técnicas de tres días, hasta el miércoles 7, para discutir la posibilidad de levantar o reducir el arancel adicional del 12,5% que Washington impuso a una parte de las exportaciones colombianas. Según confirmó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, las conversaciones serán a nivel técnico —sin la presencia de los ministros— y se concentrarán en cuatro asuntos prioritarios que el Gobierno no ha detallado públicamente.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, resumió el ambiente previo a la cita así: "Vamos bien, estamos avanzando... hay voluntad política" de ambas partes para destrabar el gravamen. El presidente Abelardo de la Espriella ya había pedido en agosto una suspensión temporal del arancel mientras se negocia una salida de fondo.

El origen del arancel: trabajo forzoso bajo la lupa de EE.UU.

El arancel del 12,5% no nació de la noche a la mañana ni por un capricho comercial. Según reportes de El Tiempo y Radio Santa Fe, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) investigó durante junio de 2026 a 60 países para evaluar si sus controles eran suficientes para impedir que mercancía producida con trabajo forzoso u obligatorio entrara al mercado estadounidense. Washington concluyó que Colombia no tenía prohibiciones adecuadas y, el 23 de julio, anunció el nuevo gravamen bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, vigente desde la medianoche del 24 de julio.

Ese arancel del 12,5% reemplazó un recargo temporal del 10% que regía bajo otra figura legal y que estaba por vencer. No todos los productos colombianos quedaron expuestos: café (incluido el instantáneo), banano, plátano, piña, aguacate, mango, azúcar, cacao, carne de res, semillas para siembra, carbón, petróleo, gas natural, fertilizantes y ciertos equipos para semiconductores y aviación recibieron exención. En cambio, flores, confitería, cosméticos y varias manufacturas sí quedaron sujetos al recargo, un golpe sensible para sectores que dependen del mercado estadounidense, el principal comprador de productos colombianos: entre enero y mayo de 2026, Estados Unidos adquirió bienes colombianos por 6.907 millones de dólares, de acuerdo con cifras citadas por AmCham Colombia.

Bogotá responde con un decreto contra el trabajo forzoso

Como parte de su estrategia para demostrar cumplimiento, el Gobierno colombiano expidió el 28 de septiembre el Decreto 1444, que prohíbe la importación y comercialización en Colombia de mercancía "extraída, cultivada, cosechada, producida, manufacturada, ensamblada, procesada o transformada" mediante trabajo forzoso u obligatorio, retomando la definición del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): trabajo "exigido bajo amenaza de una pena cualquiera" y que la persona no ofreció voluntariamente. El decreto exceptúa, como es estándar en este tipo de normas, el servicio militar, el trabajo ordenado judicialmente bajo supervisión oficial y las obligaciones cívicas comunitarias.

Sin embargo, medios colombianos como El Heraldo advierten que el decreto no elimina automáticamente el arancel estadounidense: una cosa es lo que Colombia permite importar a su territorio y otra, muy distinta, es la decisión soberana de Washington sobre qué cobrarle a lo que Colombia exporta. Esa decisión corresponde "exclusivamente a las autoridades" de Estados Unidos, lo que deja la suerte del 12,5% en manos de lo que se acuerde —o no— en la mesa técnica de esta semana.

La sombra más larga: la descertificación antidrogas

El arancel comercial no es el único frente abierto entre los dos países. El 16 de septiembre, la Casa Blanca confirmó que mantiene a Colombia en la lista de países "descertificados" en la lucha contra las drogas, una designación que el país arrastra desde septiembre de 2025, cuando fue impuesta durante el gobierno de Gustavo Petro. La descertificación, contemplada en la ley estadounidense de autorización de relaciones exteriores, señala que un país ha "fallado demostrablemente" en cumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.

Donald Trump atribuyó la decisión a "la incompetencia y el caos producidos por el gobierno anterior de extrema izquierda", y precisó que la evaluación corresponde casi en su totalidad al período de Petro, bajo quien —según la Casa Blanca— los cultivos de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord (los artículos consultados no precisan la cifra exacta, así que esa afirmación se recoge aquí como declaración oficial, no como dato verificado de forma independiente). Trump dejó abierta la puerta a reconsiderar la medida si el nuevo gobierno acelera la erradicación de cultivos y el desmantelamiento de redes de narcotráfico, sin fijar una fecha límite concreta. La ayuda financiera seguiría fluyendo mediante una dispensa por "interés nacional", pero la normalización plena depende de resultados.

Un giro de gobierno en plena tormenta con Washington

Todo esto ocurre en medio de un cambio político profundo en Bogotá. Abelardo de la Espriella, abogado de 48 años, asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 para el período 2026-2030, en una ceremonia realizada en el Arena USC de Cali ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, con la asistencia de mandatarios de Argentina, Ecuador y Paraguay. De la Espriella sucedió a Petro en medio de lo que medios como CNN describieron como "una polarización pocas veces vista" en el país. Su gobierno hereda, apenas semanas después de instalarse, tanto el arancel del 12,5% como la descertificación antidrogas, dos frentes que Washington vincula directamente a la gestión de su antecesor.

Por qué le importa a República Dominicana

República Dominicana no exporta bajo el mismo régimen que Colombia —su comercio con Estados Unidos se rige por el DR-CAFTA—, pero el caso colombiano ilustra algo que debería preocupar a cualquier economía pequeña y abierta de la región: la administración Trump ha usado aranceles de forma unilateral por motivos que van más allá del comercio tradicional, desde trabajo forzoso hasta política antidrogas, afectando sectores enteros —flores, cosméticos, manufacturas— de un día para otro. Para un país como RD, cuya economía depende de sus exportaciones a Estados Unidos, el turismo estadounidense y las remesas de su diáspora, el episodio colombiano funciona como advertencia: un acuerdo comercial vigente no es garantía absoluta frente a decisiones ejecutivas de Washington, y mantener controles laborales y antidrogas sólidos ante Estados Unidos se ha vuelto, en la práctica, parte de la política comercial misma.

En resumen

• Estados Unidos impuso un arancel del 12,5% a varias exportaciones colombianas desde el 24 de julio de 2026, bajo la Sección 301, por controles insuficientes contra el trabajo forzoso.
• Café, banano, aguacate, cacao, carne de res y petróleo, entre otros, quedaron exentos; flores, cosméticos y confitería no.
• Colombia expidió el Decreto 1444 el 28 de septiembre, prohibiendo bienes hechos con trabajo forzoso, para intentar demostrar cumplimiento ante Washington.
• Del 5 al 7 de octubre se realizan mesas técnicas bilaterales para negociar el futuro del arancel.
• Paralelamente, Colombia sigue descertificada en la lucha antidrogas desde septiembre de 2025, una medida que Trump atribuye al gobierno de Gustavo Petro y que el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella —en el poder desde el 7 de agosto de 2026—, busca revertir.
• Estados Unidos compró 6.907 millones de dólares en bienes colombianos solo entre enero y mayo de 2026, lo que explica por qué Bogotá presiona para resolver el diferendo arancelario cuanto antes.