La Corte Suprema de EE.UU. decide si revisa el TPS venezolano a días de su vencimiento

Una reunión a puertas cerradas que define el destino de cientos de miles de personas

Este lunes 28 de septiembre de 2026, los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se reunieron en conferencia privada para decidir si aceptan revisar uno de los casos migratorios más seguidos del año: el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de venezolanos, con implicaciones directas también para haitianos protegidos bajo el mismo mecanismo. La fecha no fue elegida al azar por los tribunales: faltan apenas cuatro días para que venza, el 2 de octubre, la designación vigente de TPS para Venezuela, dejando a los beneficiarios en un limbo legal si el máximo tribunal no actúa a tiempo.

El caso, registrado ahora como *Mullin v. National TPS Alliance* (expediente 26-48) —renombrado tras el relevo de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, llega a Washington después de que un panel del Noveno Circuito de Apelaciones, en enero de 2026, confirmara un fallo que había dejado sin efecto tanto la revocación como la terminación del TPS venezolano. Los jueces de esa instancia determinaron que Noem se excedió en sus atribuciones legales al intentar cancelar de forma retroactiva una extensión del beneficio que ya había sido otorgada por su antecesor, Alejandro Mayorkas, hasta octubre de 2026. El mismo razonamiento del Noveno Circuito invalidó parcialmente la terminación aplicada al TPS de Haití, lo que coloca a ambas comunidades bajo el mismo paraguas judicial.

Cifras que no coinciden entre las fuentes

Aquí conviene ser preciso, porque los propios medios especializados no ofrecen la misma cifra. El Pew Research Center, citado este 28 de septiembre por *La Nación* de Argentina, calcula en más de 615,000 los venezolanos actualmente amparados por el TPS en Estados Unidos. Sin embargo, el American Immigration Council, al describir la orden de emergencia que la Corte Suprema emitió el 19 de mayo de 2025 —cuando permitió que avanzara la terminación mientras el litigio de fondo seguía su curso—, habla de 350,000 personas que "se acostaron con estatus legal y despertaron, probablemente, sin él". La diferencia entre ambas cifras no está explicada en los reportes disponibles: podría deberse a que una cuenta el total histórico de beneficiarios registrados desde 2021 y otra solo a quienes mantenían el permiso vigente y renovado en 2025-2026, pero ninguna fuente lo aclara de forma explícita, así que este artículo prefiere señalar la discrepancia antes que resolverla por su cuenta.

A esa cifra se suma un dato más amplio: la cadena CNN en Español reportó en mayo de 2026 que, sumando Venezuela, Haití y El Salvador, más de un millón de inmigrantes tenían en juego su estatus de protección temporal en Estados Unidos ese año.

Lo que está en juego el 2 de octubre

Si la Corte Suprema no emite una decisión —o al menos una señal clara— antes del 2 de octubre, el estatus de cientos de miles de venezolanos quedará atado a la suerte del litigio, sin que exista certeza sobre si conservan permiso de trabajo (EAD) mientras tanto. El propio Departamento de Seguridad Nacional, según la cobertura de *La Nación*, ha señalado que continuará "aplicando la ley" y descartó cualquier idea de amnistía, mientras que la organización demandante, National TPS Alliance, sostiene que la cancelación viola el propio estatuto que rige el TPS, el cual —según los tribunales inferiores que fallaron a favor de los migrantes— exige que una extensión ya otorgada no puede revertirse de forma retroactiva sin las consultas interagenciales que la ley exige.

El trasfondo político se ha vuelto tan noticioso como el propio caso judicial. Legisladores republicanos de la Florida, un estado con una enorme comunidad venezolana y cubana, llevan meses divididos frente a la política migratoria de la propia administración que integran. La representante María Elvira Salazar, junto con sus colegas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, pidió desde enero de 2025 que se revisaran caso por caso las situaciones de persecución antes de aplicar la terminación del TPS. El 17 de septiembre de 2026, Salazar endureció el tono al advertir públicamente que "los mismos hispanos" que ayudaron a elegir al presidente "se sienten traicionados" por el manejo del tema migratorio. Días después, el 26 de septiembre, el propio mandatario la criticó de forma directa, aunque ella luego bajó el tono y describió el episodio como "una advertencia, no un ataque". La alcaldesa republicana de Doral, Christi Fraga, también cuestionó públicamente los métodos de las autoridades migratorias en una ciudad con alta proporción de residentes venezolanos.

Por qué esto también importa en Santo Domingo

Aunque la República Dominicana no forma parte de la disputa judicial —el país no cuenta con una designación TPS propia ante Washington—, el desenlace de este caso tiene ecos concretos para la región. Una eventual ola de venezolanos sin protección legal en Estados Unidos alimentaría nuevas corrientes migratorias hacia países vecinos, incluida República Dominicana, que según cifras oficiales citadas por Infobae ya recibió un flujo significativo de extranjeros durante el primer semestre de 2026, con la migración venezolana como uno de los componentes reconocidos por organismos como la OIM y Naciones Unidas por su aporte a la economía local. Un fallo adverso a los venezolanos en Washington podría, en teoría, aumentar la presión migratoria sobre un sistema dominicano que ya reporta más de 265,000 deportaciones acumuladas en 2026, según Diario Libre, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

Además, el mismo expediente judicial que protege —por ahora— a los venezolanos también ampara a los haitianos bajo TPS, una comunidad que comparte con República Dominicana la frontera más vigilada del Caribe. Cualquier cambio en la protección migratoria de los haitianos en territorio estadounidense repercute, tarde o temprano, en las dinámicas de retorno y deportación que ya vive la isla, donde medios locales como N Digital documentaron en agosto de 2026 el regreso de más de 160 haitianos deportados desde Estados Unidos tras la caducidad de su propio TPS.

Los próximos pasos

Los especialistas consultados por medios como *La Opinión* subrayan que la fecha del 28 de septiembre corresponde únicamente a la conferencia privada en la que los jueces deciden si aceptan o rechazan revisar el caso; no se trata todavía de un fallo sobre el fondo del asunto. La Corte Suprema podría anunciar su decisión sobre si tomará el caso en cuestión de días, aunque el calendario judicial no obliga a un pronunciamiento inmediato antes del vencimiento del 2 de octubre. Mientras tanto, cientos de miles de familias venezolanas y haitianas en Estados Unidos —y, por extensión, las comunidades migrantes de todo el Caribe que observan de cerca cada giro de esta disputa— permanecen a la espera de una señal desde Washington que determine si conservan, o pierden, la protección que les ha permitido vivir y trabajar legalmente en el país durante los últimos años.