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Internacionales · 7 min de lectura

Perú, otra vez en emergencia: la extorsión reta a Fujimori a tres meses de gobierno

A tres meses de asumir, Keiko Fujimori declaró un estado de emergencia en Lima mientras las denuncias por extorsión en Perú proyectan un récord para el cierre de 2026.

Vista panorámica de la ciudad de Lima, Perú, bajo un cielo nublado

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Un año después, la misma emergencia

Hace apenas un año, el 22 de octubre de 2025, Lima y Callao amanecieron bajo un estado de emergencia decretado por el entonces presidente José Jerí tras una semana de protestas en la que murió un civil y más de 100 personas resultaron heridas en choques con la policía. Doce meses y un cambio de gobierno después, la capital peruana vuelve a vivir bajo medidas de excepción: el 28 de agosto de 2026, la nueva presidenta Keiko Fujimori declaró una emergencia en la capital y creó un comité de inteligencia contra el crimen, reconociendo que la ola de extorsión y sicariato que desgastó a sus tres antecesores sigue sin control.

Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), juró el cargo el 28 de julio de 2026 convertida en la novena persona en ocupar la presidencia de Perú en una década, según contabilizó la politóloga Cecilia Caparachin en una nota de la agencia francesa RFI retomada por el medio dominicano Acento el 29 de julio. Llegó al poder en su cuarto intento electoral, tras ganar los comicios generales del 12 de abril de 2026 convocados después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte el 10 de octubre de 2025. En su discurso de investidura prometió que las Fuerzas Armadas asumirían temporalmente el control de la seguridad durante los estados de emergencia, y se comprometió públicamente a gobernar solo los cinco años de su mandato, sin buscar reelección.

Cifras que no coinciden, pero cuentan la misma historia

El diagnóstico de fondo no es nuevo. Según Caparachin, los homicidios en Perú pasaron de alrededor de 1,000 en 2018 a 2,600 en 2025, mientras las denuncias por extorsión subieron de 3,200 a 26,500 en el mismo periodo, lo que la experta describe como la peor ola delictiva desde el año 2000.

Las estadísticas oficiales de 2026, sin embargo, no siempre coinciden entre sí, un detalle que vale la pena señalar en lugar de forzar una cifra única. El Ministerio Público, citado por el diario Expreso el 18 de julio de 2026, reportó 12,634 denuncias por delitos de extorsión y chantaje entre enero y junio de ese año (11,946 calificadas como extorsión propiamente), un promedio de 70 casos diarios y casi tres por hora. Cinco distritos fiscales —Lima Este (1,638), La Libertad (1,435), Lima Centro (1,309), Lima Norte (1,163) y Lima Sur (1,155)— concentraron el 53.3% de los casos.

Semanas más tarde, el Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía, citado por América TV el 3 de septiembre de 2026, dio una cifra distinta para un período apenas un mes más largo: 13,892 casos de extorsión entre enero y julio de 2026, con una proyección oficial de 32,000 denuncias para el cierre del año. Esa misma fuente ubicó a Lima Este (1,806) y La Libertad (1,625) como los distritos más afectados, señaló que Lima y Callao acumulan unas 31 denuncias diarias —más de 900 al mes— y que distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, Los Olivos y el propio Callao son los más golpeados. Según este recuento histórico, los casos pasaron de unos 11,000 en 2022 a cerca de 21,000 en 2023-2024 y a 27,500 "carpetas" sobre cobros de cupos en 2025, con mayo de 2026 como el mes más violento del año hasta ahora. La vocera de la Fiscalía, Brenda Belleza, atribuyó el alza a la expansión territorial de las redes criminales.

Un Consejo de Inteligencia por primera vez en la historia

El 10 de agosto de 2026, Fujimori presidió la primera reunión del Consejo de Seguridad y de Inteligencia Nacional con ese formato, según la agencia estatal Andina. Participaron el jefe de Gabinete, Luis Galarreta; el canciller Carlos Espá; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el titular del Interior, César Astudillo; el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Hugo Cornejo, y los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

En la cita se evaluaron diez amenazas identificadas por el Estado, de las que Andina detalló cinco: crimen organizado, delincuencia común, corrupción, minería ilegal y narcotráfico, además de la presencia de grupos criminales transnacionales en zonas de frontera. "La inteligencia será la columna vertebral de los esfuerzos para restaurar la paz", dijo Fujimori, según la agencia. El comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, calificó el encuentro como un hito histórico contra el crimen organizado, y Cornejo señaló que era la primera vez en la historia de la DINI que se reunía a tan alto nivel al sistema de inteligencia completo. Semanas después llegó la declaratoria de emergencia del 28 de agosto y la creación del comité de inteligencia específico contra el crimen en la capital.

El crimen que cruza fronteras

Parte de la presión sobre Fujimori proviene de organizaciones que ya no son exclusivamente peruanas. Bandas como "Los Pulpos" operan junto a células del Tren de Aragua, la organización de origen venezolano que Washington designó como organización terrorista extranjera a fines de 2025 y que se ha expandido por Ecuador, Chile, Colombia y otros países de la región, incluido el Caribe, donde autoridades de varios países han reportado capturas de presuntos integrantes. Esa dimensión transnacional explica por qué el nuevo gobierno peruano optó por una respuesta de inteligencia militar y no solo policial, y por qué el fenómeno interesa más allá de las fronteras peruanas: la misma lógica de extorsión a transportistas y comerciantes que golpea a Lima ya se ha replicado, con matices locales, en otras capitales latinoamericanas.

El desgaste político que deja esta violencia es considerable. Los gremios de transporte de Lima y Callao —que agrupan a varios cientos de empresas— han protagonizado al menos media docena de paros desde 2024 para exigir mano dura contra la extorsión, denunciando que decenas de conductores han sido asesinados por negarse a pagar cupos. Bajo la gestión de Jerí, el gremio de transportistas Anitra, que representa a más de 460 empresas, contabilizó 47 choferes asesinados entre enero y octubre de 2025 solo en Lima y Callao.

El reto de Fujimori

Caparachin sostiene que la crisis de seguridad está entrelazada con la crisis política que vive Perú desde 2021-2022, y que el primer paso de cualquier gobierno debe ser devolver legitimidad a la policía y a las instituciones golpeadas por escándalos de corrupción. "Es curioso ver que justamente en el periodo en que empieza esta última crisis política" es cuando la extorsión, los homicidios y los sicariatos se volvieron parte de la vida diaria, afirmó la experta.

Tres meses después de asumir, Fujimori enfrenta el mismo dilema que derribó a Boluarte y presionó a Jerí: las cifras oficiales, aunque no siempre coincidan entre una fiscalía y otra, apuntan en la misma dirección de crecimiento sostenido de la extorsión, y la ciudadanía ya ha mostrado en las calles que no está dispuesta a esperar resultados indefinidamente. Si la proyección de 32,000 denuncias para fin de 2026 se confirma, Perú cerrará el año con más casos de extorsión que en cualquier año anterior, incluso bajo un gobierno que llegó prometiendo mano firme y el respaldo abierto de las Fuerzas Armadas.

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