Análisis · 6 min de lectura
Decreto 787-26: cuando el Estado usa IA para decidir sobre ti
El decreto 787-26 fija reglas para la IA en instituciones públicas: usos prohibidos, evaluaciones previas, aviso al ciudadano y un plazo de 180 días para adecuarse.

Qué aprobó el Gobierno
El Gobierno dominicano aprobó mediante el Decreto 787-26 el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los servicios públicos. La norma no regula la IA en general. Su alcance son las instituciones del Estado: qué usos quedan prohibidos, qué evaluación debe pasar un sistema antes de entrar en funcionamiento y qué puede reclamar una persona cuando una decisión pública se apoyó en un algoritmo. Según las notas revisadas, no regula cómo las empresas privadas usan la IA en sus propios procesos.
Lo que queda prohibido
Según el resumen periodístico que revisamos, el Estado no puede usar IA para clasificar socialmente a los ciudadanos y condicionar con ello sus derechos o servicios. Tampoco puede hacer identificación biométrica masiva en espacios públicos, ya sea por rostro, voz o forma de caminar, sin orden judicial, base legal y supervisión independiente. Quedan fuera los perfiles criminales basados en el lugar de residencia, el origen étnico o la condición económica, y los sistemas que decidan una sentencia o una privación de libertad sin intervención humana.
La lista incluye además la manipulación de la población mediante propaganda política, las armas autónomas capaces de causar daño letal sin control humano y cualquier sistema que carezca de base legal, de evaluación de impacto previa, de un responsable identificado o de auditorías independientes. Aparte, se prohíbe de forma absoluta la IA que genere o difunda contenido sexual o abusivo con menores, incluido el sintético.
Las notas no coinciden en cómo agrupan esta lista: una cuenta siete prohibiciones y otra habla de seis elementos. El contenido de fondo sí coincide.
Qué deben hacer las instituciones
Antes de desplegar un sistema que afecte derechos, servicios esenciales, fondos públicos o sanciones, la institución debe completar una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos (EIED). Según el análisis de Revista Mercado, un sistema de alto impacto no puede entrar en operación hasta que la evaluación esté completa, haya sido revisada por el órgano de supervisión y se publique un resumen. Si el sistema está dirigido a menores, la norma parte de un riesgo reforzado y solo lo admite si la evaluación demuestra que es necesario y que no existe una alternativa menos intrusiva.
Cada entidad también debe llevar un registro de sus sistemas de IA con la finalidad, los datos, el proveedor, el área responsable y el nivel de riesgo, y publicar un extracto en un portal de transparencia. En los contratos con proveedores, los datos deben quedar bajo control del Estado dominicano y no pueden existir cláusulas de confidencialidad que bloqueen auditorías. La Dirección General de Contrataciones Públicas vigilará que estas cláusulas aparezcan en las compras de empresas que venden IA al Estado.
Qué puede reclamar una persona
Revista Mercado resume los derechos del ciudadano en cinco puntos. Primero, la institución debe avisar cuando una decisión se apoyó en IA, por sus canales habituales como páginas web, oficinas o formularios, e indicar para qué se usó y qué factores pesaron. Segundo, la persona puede pedir que un funcionario revise la decisión si hubo error o vulneración de derechos, presentar recursos administrativos y exigir la corrección de datos equivocados. Tercero, los sistemas de alto impacto tendrán un resumen accesible de su evaluación. Cuarto, cada entidad debe mantener su registro actualizado. Quinto, los sistemas deben diseñarse para no discriminar, y si fallan, la institución debe aplicar medidas que pueden ir desde limitarlos hasta retirarlos.
Plazos y cifras
El decreto da 180 días calendario para que las instituciones adecúen sus procedimientos, registren los sistemas que usan y designen a los responsables de supervisión. Las fechas, sin embargo, no están claras. Revista Mercado indica que el decreto se firmó el 2 de noviembre de 2026 y que la Presidencia lo publicó el 3. Si el conteo arranca el 3, el plazo vence el 2 de mayo de 2027. Una nota publicada el 4 de noviembre dice que el texto se aprobó "esta noche" sin dar fecha, y ninguna de las notas revisadas aclara desde cuándo corre el conteo. No confirmamos la publicación en la Gaceta Oficial.
Tampoco aparecen sanciones ni multas en las notas revisadas. Las faltas se tramitarían por el Código de Integridad del Sector Público y las normas administrativas existentes, y la máxima autoridad de cada institución aplicaría las medidas.
Quién vigila
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) lidera la supervisión, aprueba las evaluaciones de los sistemas de alto impacto, puede ordenar medidas correctivas y recibe denuncias. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) da apoyo técnico, administra el registro y el portal, y opera el asistente virtual TAINA. El Ministerio de Administración Pública emite los lineamientos.
El Consejo Nacional de Ética de la IA es el punto donde las fuentes se contradicen. Una nota lo describe como un consejo copresidido por DIGEIG y OGTIC, con representantes de Presidencia, Indotel y el MAP, y seis miembros no gubernamentales. Otra lo presenta como un órgano por crear, con representantes del Estado, la sociedad civil, las universidades y el sector privado. No hay forma de resolverlo sin el texto íntegro.
Qué debe hacer el lector
Si recibes una decisión de una entidad pública que afecte una beca, un subsidio, una inspección, una sanción o una evaluación, pregunta por escrito si se usó un sistema de IA y cuál fue su papel. Guarda la respuesta junto con la decisión.
Si no estás de acuerdo, pide revisión humana por escrito y conserva el acuse de recibo. Las notas no mencionan un procedimiento nuevo para estos reclamos, así que conviene usar los recursos administrativos que ya existen.
Revisa el portal de transparencia cuando esté activo, porque ahí debería aparecer el registro de sistemas de cada entidad. Y si el trámite lo gestiona un proveedor privado, pregunta si el contrato incluye cláusulas de auditoría y trazabilidad.
Lo que sigue sin confirmarse
No confirmamos la fecha de firma, la publicación en Gaceta Oficial ni la entrada en vigor. Tampoco sabemos si los derechos de aviso y revisión humana son exigibles desde ya o solo cuando cada institución complete su adecuación dentro de los 180 días. Esa diferencia determina si un reclamo hoy tiene respaldo directo en el decreto.
Quedan abiertos los criterios para definir un sistema de alto impacto, los plazos para responder revisiones, la composición del Consejo y el nombre del portal de transparencia. Una nota de Presidencia anuncia que el Ministerio de Administración Pública elaborará un Reglamento General de Inteligencia Artificial en 2027; no revisamos ese texto, así que solo lo citamos por el titular. Por último, los enlaces oficiales de Presidencia al decreto no pudieron abrirse durante la revisión, por lo que este análisis se apoya en la cobertura periodística.
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