Análisis · 6 min de lectura
Licencia por puntos y fotomultas: la reforma de tránsito que República Dominicana aún no termina de aplicar
El INTRANT anuncia licencia por puntos y cámaras de fotomulta mientras Diputados revisan la Ley 63-17, con casi 900 muertos en las vías en 2026.

Un problema que el INTRANT llama de derechos humanos
En lo que va de 2026, los accidentes de tránsito han dejado 893 personas fallecidas y 30,826 lesionadas en República Dominicana, según cifras presentadas por Joel Gnecco Gross, director de Tránsito y Vialidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en declaraciones de inicios de junio. El reporte no precisa la fecha exacta de corte, pero confirma una tendencia que el país arrastra desde hace más de una década: en años anteriores, la Organización Mundial de la Salud situó a República Dominicana entre los países con mayor tasa de mortalidad vial de América Latina.
La magnitud del problema llevó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, a iniciar este año un proceso de fiscalización de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con miras a una eventual reforma. Rodríguez Restituyo calificó los atascos y las muertes en las vías como "un problema de derechos humanos" y exigió que la norma se aplique "desde el presidente de la República hasta el ciudadano más humilde". A la comisión asistieron el director ejecutivo del INTRANT, Hugo Beras, su director jurídico, Fidias Bencosme, y las directoras Giselle Bobadilla y Dary Terrero. El encuentro fue exploratorio: no consta que se haya depositado un proyecto de ley formal durante esa sesión.
Qué cambia con la licencia por puntos
Entre las medidas que el INTRANT ha anunciado está el sistema de licencia de conducir por puntos, que según Beras se aplicaría "en septiembre u octubre" de este año, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. No hay confirmación pública, al cierre de esta nota, de que el sistema ya esté operando en la práctica; la fecha anunciada por el propio INTRANT ha sido postergada en ocasiones anteriores, pues la institución lleva anunciando una versión de este esquema desde al menos 2022.
Según el diseño descrito por Beras, cada conductor parte con 20 puntos, salvo quienes tengan una licencia con menos de cuatro años de vigencia, que inician con 10 puntos bajo un régimen condicional. Pierden puntos infracciones como conducir sin la categoría correspondiente, hacerlo bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, no usar el cinturón de seguridad o el casco, cruzar en luz roja, participar en competencias de velocidad, usar el celular al volante o exceder la capacidad de pasajeros autorizada. El INTRANT no ha publicado una tabla oficial que indique cuántos puntos resta cada infracción. Al llegar a cero, la licencia se suspende o se revoca de forma definitiva, y en algunos casos el conductor deberá recertificarse para recuperar parte de los puntos perdidos; otros, según se ha informado, no son recuperables. Beras ha insistido en que el objetivo "no es quitarle la licencia a nadie", sino lograr que el conductor pague la multa sin que ello afecte automáticamente su licencia, salvo en caso de reincidencia.
Fotomultas: vigilancia automatizada en 335 intersecciones
En paralelo, el INTRANT instala cámaras de fotodetección en semáforos de la avenida Winston Churchill y otras vías del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, como primera fase de un proyecto que contempla 335 intersecciones, 1,200 cámaras, 2,000 cuerpos semafóricos y 400 sensores, con una inversión de 1,370 millones de pesos. Santiago entraría en una segunda etapa, prevista para el año siguiente al arranque de la primera fase, sin fecha exacta anunciada. Beras ha explicado que "una fotomulta no es simplemente tomar una foto", porque antes debe completarse un proceso de identificación correcta del propietario de cada vehículo en el parque vehicular, condición que el propio instituto reconoce como pendiente. Ni el monto de las multas por este mecanismo ni la fecha exacta de su entrada en vigencia han sido precisados públicamente. La base legal invocada por el INTRANT es la propia Ley 63-17, que según la institución ya habilita la fiscalización tecnológica, aunque sin un reglamento específico y de conocimiento público para las fotomultas.
Una ley de 2017 que aún no se aplica del todo
La Ley 63-17 fue promulgada hace nueve años y, según denunció en su momento el propio diputado que la impulsó, Tobías Crespo, buena parte de sus artículos sancionadores —cerca de noventa— nunca llegó a aplicarse plenamente porque el INTRANT no había completado los reglamentos correspondientes: de los 32 previstos, solo una fracción estaba lista años después de su entrada en vigor, de manera que muchas de las multas que se cobraban correspondían todavía al régimen anterior, de 2007. Un estudio del Observatorio Político Dominicano, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), alertó además sobre un diseño que vincula el monto de las multas a múltiplos del salario mínimo —de una a siete veces, según la gravedad de la infracción—, lo que provoca que cada ajuste salarial dispare automáticamente el costo de las sanciones. Ese mismo estudio documentó incrementos de hasta un 900% en los montos entre 2016 y 2019 por ese mecanismo. No existen datos públicos verificados sobre cómo impactó a las multas de tránsito vigentes el más reciente aumento del salario mínimo aprobado en 2026, lo que deja abierta la pregunta de si el costo de las infracciones también subió este año sin que mediara una decisión legislativa específica sobre esa fórmula.
El vacío del seguro obligatorio
A la discusión se suma un dato que el propio sector asegurador ha planteado en el marco del Pacto Nacional de Seguridad Vial: del parque vehicular de 6.1 millones de unidades registrado al cierre de 2025 —del cual 3.5 millones, un 57%, son motocicletas—, solo el 37% circula con póliza de seguro vigente, y menos del 10% de las motocicletas tiene cobertura. El INTRANT registró 2,390,401 infracciones al cierre de 2025, y se emiten cerca de 1.4 millones de multas al año, de las cuales solo la mitad se paga, según Jhonattan Chevalier, director de Seguridad Vial del instituto. Chevalier atribuyó el bajo nivel de pago, en parte, a que las multas prescriben al año, lo que no desincentiva el impago, y a la ausencia de restricciones adicionales para los infractores reincidentes.
Qué sigue
Por ahora, el proceso en la Cámara de Diputados permanece en fase de fiscalización, sin que se conozca un proyecto de ley formal, una fecha de votación o el contenido detallado de los cambios que el INTRANT dijo haber propuesto a los diputados. Tampoco hay confirmación pública de que la licencia por puntos esté ya en vigor en la práctica, ni montos o fecha definitiva para las fotomultas. Lo que sí está documentado es la combinación de cifras: casi 900 muertos en lo que va del año, una ley con reglamentos pendientes desde 2017, un esquema de multas atado al salario mínimo y un parque vehicular mayoritariamente sin seguro. Para los conductores dominicanos, el resultado práctico de esta reforma en curso —si finalmente se concreta— determinará cuánto cuesta una infracción, qué tan fácil es perder la licencia y qué tan vigilada estará cada intersección en los próximos meses.
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