Análisis · 5 min de lectura
Indotel presenta un borrador para sustituir la ley de telecomunicaciones de 1998
Indotel entregó un anteproyecto que reemplazaría la Ley 153-98 y promete facturación transparente, portabilidad numérica y reclamos formales para los usuarios.

Una ley de 1998 frente a la fibra óptica, el 5G y los centros de datos
El 3 de septiembre de 2026, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) entregó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el borrador de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, según reportaron Diario Libre y 7dias.com.do. El texto busca sustituir la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, vigente desde hace casi 28 años, cuando en el país no existían ni la banda ancha móvil ni el internet fijo por fibra óptica tal como se conocen hoy. Quien presentó el anteproyecto fue Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, de acuerdo con Diario Libre.
La ley de 1998 fue redactada para un mercado de telefonía fija y celular analógica. El borrador de 2026 incorpora, en cambio, disposiciones específicas sobre redes móviles de nueva generación, comunicaciones satelitales, cables submarinos y centros de datos, según el resumen publicado por 7dias.com.do. Para cualquier persona que paga una factura de internet, celular o televisión por cable, el cambio no es cosmético: redefine quién puede operar, cómo se reparte el espectro radioeléctrico y qué puede reclamar un usuario cuando el servicio falla.
Qué propone el anteproyecto
Según el detalle recogido por Diario Libre y 7dias.com.do, el borrador plantea, entre otros puntos:
- Un sistema de concesión única para operadores, en lugar del esquema fragmentado actual.
- Una "ventanilla única electrónica" para agilizar los permisos de despliegue de infraestructura, como torres y tendido de fibra.
- Mayor impulso a la compartición de redes entre operadores cuando sea técnicamente viable, lo que en teoría reduce la duplicación de infraestructura y sus costos.
- Una gestión reforzada del espectro radioeléctrico, el recurso limitado que se reparte entre las compañías para ofrecer señal móvil.
- Una delimitación más clara de las competencias del Indotel, que quedaría enfocado en redes e infraestructura, sin extender su autoridad a contenidos ni plataformas digitales.
- Un régimen sectorial de ciberseguridad para operadores de telecomunicaciones.
Ninguna de las fuentes consultadas precisa montos de inversión proyectados, un cronograma con fechas límite para la consulta pública, ni una fecha estimada para el envío formal del proyecto al Congreso Nacional. Diario Libre y 7dias.com.do coinciden en que, por ahora, el documento está disponible en la página web del Indotel para recibir observaciones de operadores, usuarios, academia y sociedad civil, sin plazo de cierre anunciado.
Lo que cambiaría para quien paga la factura
Más allá del andamiaje regulatorio, el borrador incluye una sección de derechos de usuario que, de aprobarse tal como se ha descrito, ampliaría lo que un cliente puede exigirle a su operador. Según 7dias.com.do, el texto contempla:
- Garantías de calidad y continuidad del servicio.
- Obligación de ofrecer "información clara y facturación transparente", es decir, cobros detallados y sin cargos ambiguos.
- Portabilidad numérica reforzada, para facilitar el cambio de operador sin perder el número de teléfono.
- Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
- Mecanismos formales de reclamación ante el propio Indotel cuando el operador no resuelve una queja.
Estas garantías, si se mantienen en el texto que finalmente llegue al Congreso, tendrían efecto directo sobre disputas comunes hoy en día: cobros no reconocidos en la factura, demoras para cambiar de compañía manteniendo el número, o quejas por caídas de servicio que no reciben respuesta. El mecanismo formal de reclamación ante el Indotel, en particular, le daría a los usuarios una vía administrativa concreta que hoy depende en buena parte de la gestión de cada operador.
La respuesta del sector: piden más diálogo, no más velocidad
El 4 de septiembre, un día después de conocerse el borrador, la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) pidió que la revisión de la ley se haga mediante "un proceso amplio de diálogo con las empresas que operan, invierten y desarrollan infraestructura en República Dominicana", según recogió Diario Libre. La directora de Comtec, Claudia García, junto con Wendy Rodríguez y Robinson Peña, argumentó que no existen circunstancias urgentes que justifiquen cambios precipitados, y advirtió que las decisiones que se tomen afectarán la conectividad, la experiencia de los usuarios y la competencia en el sector.
La postura de Comtec no rechaza la reforma en sí, sino el ritmo y el método: la asociación insiste en que las nuevas reglas del juego —que decidirán, por ejemplo, cómo se reparte el espectro radioeléctrico entre operadores— deben negociarse con quienes ya invierten en redes en el país, y no imponerse desde un borrador cerrado. Diario Libre cita como antecedente reciente la asignación de 240 megahercios de espectro, en las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.6 GHz, a un nuevo operador bajo el marco regulatorio vigente, como ejemplo del tipo de decisiones que la nueva ley busca ordenar de manera distinta.
Qué sigue
El proceso, tal como lo describen las fuentes consultadas, sigue en etapa de consulta pública y revisión conjunta con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, antes de una eventual remisión al Congreso Nacional. No hay, hasta la fecha de este artículo, una versión definitiva del articulado ni una fecha anunciada de radicación legislativa. Para el usuario común, el punto a seguir no es tanto el debate técnico sobre espectro o concesiones, sino si las garantías de facturación transparente, portabilidad numérica y reclamación formal sobreviven intactas el proceso de negociación entre el regulador, el Poder Ejecutivo, las empresas del sector y, eventualmente, los diputados y senadores que deberán votar el texto final. La experiencia con otras reformas recientes en el país sugiere que la distancia entre el borrador inicial y la ley promulgada puede ser considerable, por lo que conviene que los usuarios y las organizaciones de consumidores sigan de cerca las versiones sucesivas del proyecto a medida que avance.
