Inteligencia artificial sin ley: los ocho proyectos que el Congreso dominicano no resuelve

Ocho proyectos de ley, cero informes de comisión

República Dominicana sigue sin una ley que regule de manera integral la inteligencia artificial (IA), mientras el Gobierno impulsa su adopción en la administración pública y el sector privado acelera su uso en banca, zonas francas y centros de contacto. Según el recuento más detallado disponible hasta la fecha, publicado por El Caribe a finales de diciembre de 2025, ocho proyectos de ley sobre IA estaban depositados en el Congreso Nacional sin que ninguna comisión hubiera rendido informe, lo que los dejaba en riesgo de "perimir" (caducar) la noche del 12 de enero de 2026, cuando cerró esa legislatura ordinaria.

En la Cámara de Diputados había cuatro iniciativas. La más ambiciosa, del diputado Tobías Crespo (Fuerza del Pueblo), depositada el 19 de febrero de 2025, proponía crear el Consejo Nacional para la Inteligencia Artificial (CONIA), un Fondo Especial para proyectos de IA en salud, educación y cultura, deducciones fiscales para mipymes que inviertan en la tecnología, y prohibiciones expresas para usos militares, puntuación ciudadana ("social scoring"), detección de emociones e identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos. Otras dos, de Braulio de Jesús Espinal y de un grupo de diputados del PRM, planteaban marcos regulatorios generales. La cuarta, de Bolívar Valera, se limitaba a sancionar los deepfakes de contenido íntimo. En el Senado, Omar Fernández sometió una ley orgánica para regular los sistemas de IA; Cristóbal Venerado Castillo y Rafael Barón Duluc Rijo presentaron propuestas similares, y Eduard Alexis Espíritusanto buscaba modificar la Ley 53-07 de crímenes de alta tecnología para incluir el uso indebido de la IA en esquemas de ciberestafa. Ninguno de los ocho había recibido informe de comisión al cierre de ese recuento, y la Cámara de Diputados cuenta con una comisión permanente dedicada al tema, presidida por el diputado Luis Báez.

No hay, hasta el momento de esta publicación, un reporte público que confirme si alguno de esos proyectos fue retomado, fusionado o relanzado en las legislaturas que se abrieron después de enero. Dado que la información disponible más reciente y verificable sobre su estado data de ese cierre de 2025, se recomienda a quien necesite el estatus exacto de cada pieza consultar directamente el portal del Congreso Nacional o el de la Cámara de Diputados, ya que un dato tan cambiante no debe darse por sentado sin confirmación oficial actualizada.

El vacío legal que ya genera dudas

Mientras tanto, el país opera con un andamiaje legal pensado para otra época. La Ley 172-13 de protección de datos personales, la norma más cercana a una regulación de IA, no contempla principios hoy estándar como la minimización de datos o las evaluaciones de impacto algorítmico, y no existe una autoridad de protección de datos con potestad específica sobre sistemas automatizados. Un diagnóstico elaborado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) junto con la UNESCO y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), usando la metodología de Evaluación de Preparación en IA de la UNESCO, concluyó que República Dominicana tampoco tiene normas de adquisición pública de sistemas de IA ni mecanismos claros para determinar responsabilidad civil cuando un algoritmo causa un daño, por ejemplo en un diagnóstico médico asistido por IA o un accidente con un vehículo semiautónomo.

El abogado Jaime Senior, en una columna publicada en elDinero, señaló que el derecho privado dominicano no está preparado para escenarios como que un algoritmo ofrezca condiciones de crédito distintas a clientes con perfiles similares, una práctica ya posible en la banca. Tampoco hay respuesta sobre quién es titular de los derechos cuando contenido, diseños o textos son generados de forma autónoma por un sistema de IA, porque la legislación de propiedad intelectual solo reconoce autoría a personas físicas o jurídicas. Senior advirtió además sobre el riesgo de automatización en zonas francas, call centers, banca y comercio, sectores que emplean a decenas de miles de dominicanos, si no se diseñan a tiempo políticas de reconversión laboral. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se ha pronunciado en el mismo sentido, pidiendo una ley que llegue antes de que los conflictos lleguen a los tribunales sin reglas claras.

El Ejecutivo avanza sin esperar al Congreso

La falta de ley no ha frenado la estrategia del Poder Ejecutivo. El Gobierno, encabezado por la Presidencia, lanzó en 2023 la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) con acompañamiento de la CAF, con la meta declarada de convertir al país en un "hub regional de inteligencia artificial" mediante tres pilares: gobierno inteligente, un hub de talento humano e innovación, y un hub de datos. En octubre de 2025 el Gobierno dominicano firmó un memorando de entendimiento con NVIDIA para respaldar esa estrategia, un paso que refuerza la intención oficial de atraer infraestructura y capacitación en IA, aunque el país todavía no cuenta con centros de datos propios de gran escala: los más cercanos operan en Puerto Rico.

El propio diagnóstico de la OGTIC reconoce brechas que van más allá de lo jurídico: la inversión nacional en investigación y desarrollo apenas alcanza 0.086% del PIB, solo existen once programas universitarios de IA, ciencia de datos o aprendizaje automático en todo el país, y persiste una brecha digital entre hogares urbanos (49.2% con acceso a internet) y rurales (30.6%). El reporte recomienda que la ENIA se consolide con institucionalidad propia que sobreviva a los cambios de gobierno, y que se abra un debate nacional sobre si el país necesita una regulación de IA diseñada para su propia realidad, en lugar de copiar modelos de la Unión Europea o Estados Unidos.

Qué significa esto para los dominicanos

Para el ciudadano y la empresa dominicana, la ausencia de una ley de IA no significa un vacío total: contratos, protección de datos y propiedad intelectual siguen rigiéndose por las leyes vigentes, aunque con zonas grises reconocidas por los propios especialistas consultados. En la práctica, esto implica que quien sea afectado por una decisión automatizada —una negativa de crédito, un despido sugerido por un sistema de evaluación, o el uso no autorizado de su imagen en un deepfake— depende de normas generales no diseñadas para esos casos, y de la interpretación que hagan los tribunales caso por caso.

Mientras el Congreso dominicano decide si retoma, actualiza o descarta las ocho propuestas conocidas, la recomendación práctica para empresas y usuarios es la misma que para cualquier zona regulatoria incierta: documentar el uso de sistemas de IA, revisar contratos de servicios que incorporen estas herramientas y seguir de cerca los canales oficiales de la Cámara de Diputados y el Senado, donde en algún momento debería definirse si República Dominicana sigue el camino de una ley integral al estilo europeo, una norma sectorial más acotada, o una combinación de ambas.