Qué es el 'Código 29' y por qué RD discute otra vez la actuación policial en los operativos

Un código de radio que se volvió parte del lenguaje de calle

"Código 29" no es un término legal ni aparece en ningún reglamento publicado de la Policía Nacional: es una expresión nacida en las frecuencias de radio interno de los agentes uniformados, donde el número 29 se usaba para reportar "heridos o decesos" durante un operativo, según reconstruyó el portal El Seis en un reportaje reciente. Con el tiempo, la expresión saltó de la jerga policial al lenguaje de calle y adquirió un significado más específico y más cargado: se usa hoy para referirse a las muertes de presuntos delincuentes durante presuntos intercambios de disparos con la Policía, muchas veces bajo sospecha, nunca comprobada en un tribunal, de que el intercambio no ocurrió como se reporta.

Ese término volvió al centro del debate público dominicano a finales de septiembre de 2026, luego de que se acumularan varios operativos con un número inusualmente alto de muertos en pocos días.

La cifra que reavivó la discusión

Según el reportaje de El Seis, en un solo jueves de ese período se reportaron 7 muertes en operativos policiales, seguidas de una octava al día siguiente —un prófugo abatido en Samaná— y otras 3 muertes el fin de semana siguiente. El mismo reportaje cifra en al menos 40 los presuntos delincuentes muertos en operativos entre agosto y septiembre de 2026, vinculados a acusaciones de atraco, homicidio, secuestro y narcotráfico. Ninguna otra fuente consultada para este artículo ofrece una cifra oficial y consolidada de la Policía Nacional para el mismo período, por lo que el dato de "al menos 40" debe tomarse como el conteo de ese medio a partir de casos reportados, no como una estadística oficial publicada.

Frente a ese repunte, la Policía Nacional —representada públicamente en la discusión por el general Ernesto Rodríguez— ha defendido la intervención agresiva contra bandas armadas, mientras que el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha expresado preocupación por el apego al debido proceso y la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

El choque en RD Debate: Tolentino contra Mercedes

El 27 de septiembre de 2026, el programa RD Debate fue escenario de un cruce directo entre el comunicador Ramón Tolentino y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD). Según recogió De Último Minuto, Tolentino defendió una postura de mano dura frente a la reincidencia delictiva, al señalar que "lo que tenemos aquí son grupos de ratas y de antisociales que no pueden seguir en la calle", y argumentó que la discusión pública debería centrarse primero en las víctimas del delito, no únicamente en los derechos de quienes son señalados de cometerlo.

Mercedes, del lado del CNDH-RD, no aparece citado con una réplica textual equivalente en los reportes disponibles sobre ese primer cruce, pero su posición general —repetida al día siguiente en el mismo programa— insiste en que las garantías procesales no son un obstáculo para la seguridad, sino una condición para que la seguridad sea legítima.

Segunda ronda: Uceta, Mercedes y el debido proceso

Un día después, el 28 de septiembre, el mismo programa registró otro cruce, esta vez entre el comunicador Rubén Uceta y el propio Manuel María Mercedes, según reportó el portal El Nuevo Norte. Mercedes sostuvo que "hay garantía para la víctima y garantía para el imputado", rechazando explícitamente la idea de que haya que elegir entre proteger a las víctimas de un delito y respetar el debido proceso de quien es acusado. Criticó además las entrevistas a sospechosos antes de su entrega a las autoridades, por considerar que pueden comprometer la investigación y vulnerar el procedimiento legal correspondiente.

Uceta, por su parte, adoptó una posición matizada: sostuvo que quien decide entregarse debe hacerlo ante las autoridades, pero reconoció que la Policía tiene derecho legítimo a defenderse cuando encuentra resistencia armada. Se describió a sí mismo como parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo con el "29", y defendió como ejercicio periodístico legítimo haber entrevistado al buscado Kevin Dariel Germán Troncoso antes de que este se entregara. En el mismo panel participaron también Ramón Tolentino, Yelandra Sánchez, Yineuri Díaz y Daniel Pou, quienes plantearon enfoques distintos —desde el endurecimiento policial hasta la inteligencia, la prevención y la reforma institucional— sin que las fuentes consultadas registren un consenso al cierre del programa.

Dos posiciones institucionales, sin punto de encuentro claro

Lo que emerge de ambas jornadas de debate no es una discusión resuelta, sino dos marcos de referencia distintos que compiten por definir el problema. Para voces como la de Tolentino y, en parte, la de Uceta, el eje del problema es la reincidencia y la letalidad del crimen organizado, y la respuesta prioritaria debe ser la contundencia policial. Para el CNDH-RD y el defensor del Pueblo, el eje es la legalidad del procedimiento: que cada muerte en un operativo pueda sostenerse, ante una investigación independiente, como un caso real de legítima defensa policial y no como una ejecución extrajudicial encubierta bajo el lenguaje de "intercambio de disparos".

Ninguna de las fuentes consultadas para este artículo —De Último Minuto, El Seis, Acento e InfoENN/El Nuevo Norte— reporta que exista, a la fecha, una investigación oficial abierta que determine si alguno de los casos recientes agrupados bajo el término "Código 29" violó o no el protocolo de uso de la fuerza. Tampoco hay, en las fuentes revisadas, una cifra oficial de la Procuraduría General de la República sobre cuántas de esas muertes han sido objeto de investigación judicial independiente de la propia Policía.

Qué sigue

El debate no se ha cerrado ni parece que vaya a cerrarse pronto: mientras la Policía Nacional mantiene el ritmo de operativos contra bandas armadas y las autoridades de seguridad defienden públicamente esa estrategia, el CNDH-RD y la Defensoría del Pueblo insisten en que la legitimidad de esas operaciones depende de que se documenten y se investiguen caso por caso, no de la cifra total de resultados. Para el ciudadano que sigue la discusión desde fuera de los estudios de televisión, el punto central que queda por resolver no es si la Policía debe combatir el crimen —nadie en el debate lo niega— sino quién y cómo verifica, después de cada operativo, si la fuerza usada fue proporcional y legal. Mientras esa verificación institucional no tenga un mecanismo público y confiable, "Código 29" seguirá siendo, para unos, sinónimo de seguridad, y para otros, de impunidad.