Ley 16-26: cómo cobrar las deudas del Estado con contratistas

Qué autoriza la Ley 16-26 y qué no garantiza

La Ley 16-26 fue promulgada el 1 de mayo de 2026, según las notas de Diario Libre (24 de mayo) y Acento (27 de julio). Su objeto es revisar y, cuando proceda, reconocer deudas pendientes del Estado con quienes ejecutaron obras públicas, incluidas las obras hechas «con o sin contrato formal». Esa frase es lo que la diferencia de otras normas de pago: abre una vía para cobrar trabajos que, por falta de papeles o de adendas, nunca se formalizaron.

Según Diario Libre, las obras comprendidas corresponden, entre otras, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Educación, Inapa, Indrhi, Caasd y la OISOE. La ley crea una comisión adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía para revisar, validar y depurar los expedientes y decidir qué reclamaciones proceden legal y técnicamente.

Una advertencia de método: no consultamos el texto oficial de la ley publicado en la Gaceta Oficial. Lo que sigue se basa en notas de prensa, en un comunicado del Ministerio de Hacienda y Economía y en un análisis de Inmobiliario.do. Antes de tomar una decisión sobre un expediente concreto, pida la copia oficial de la ley.

Protocolo, presupuesto y choque con las normas

La comisión aprobó su protocolo el 7 de julio de 2026. Según el comunicado del Ministerio de Hacienda y Economía recogido por Diario Libre, el protocolo fija procedimientos, criterios y requisitos técnicos para revisar y tramitar los expedientes, y será de conocimiento público. Los expedientes que estaban en revisión por la Contraloría General al entrar en vigor la ley tendrán prioridad. Los integrantes mencionados son el ministro Magín Díaz, el contralor Geraldo Espinosa Pérez, el director de Presupuesto José Rijo Presbot y el director de Contrataciones Públicas Carlos Pimentel. Según Acento, la veeduría queda a cargo del CODIA y la ANPRAS.

Aprobar un protocolo no equivale a pagar. Acento señaló que la validación del expediente «no equivale, todavía, a una fecha de pago», y ninguna nota revisada fija plazos. El pago queda sujeto a las «condiciones presupuestarias»: si no puede hacerse en el ejercicio fiscal en curso, Diario Libre informó que la obligación se incluirá en el proyecto de Presupuesto General del Estado. Un expediente aprobado puede, por tanto, esperar al siguiente presupuesto. El Comité Institucional Codiano (CIC) pidió priorizar a los contratistas de edad avanzada o con salud deteriorada; según Acento, el protocolo responde a esa petición solo de forma parcial.

El diseño de la ley también tiene una tensión jurídica. Inmobiliario.do sostiene que choca con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, que exige contratación formal y procedimientos previos, y con la Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto, que no permite contraer obligaciones sin apropiación presupuestaria. Conviene matizar: el marco de compras cambió con la Ley 47-25 y su reglamento, el Decreto 52-26, fechado el 28 de enero de 2026. No confirmamos si la Ley 47-25 deroga expresamente la 340-06, así que tomamos esa comparación como señal de riesgo jurídico y no como dictamen. Según la misma nota, la comisión no sustituye un proceso judicial.

El descargo y las cifras que no coinciden

Este es el punto que más conviene revisar antes de firmar. Según Diario Libre (23 de julio) y Acento (27 de julio), antes de recibir la orden de pago el beneficiario firma un documento de descargo y finiquito a favor del Estado, de las instituciones de la comisión y de sus funcionarios. En ese documento renuncia a reclamar intereses, astreintes (multas por cada día de retraso), daños, costas, honorarios u otras penalidades por la mora acumulada.

En la práctica, el contratista recibe el principal, si se le reconoce, y renuncia a la compensación por los años de atraso. El resultado económico depende del monto reconocido y del tiempo que haya esperado. La ley tampoco fija criterios públicos detallados para decidir cuánto se reconoce, y Acento indica que la comisión evalúa caso por caso. Por eso, un finiquito debe leerse con un abogado y compararse con el monto real del expediente.

Ninguna fuente revisada publicó un monto total de la deuda. Las cifras de beneficiarios, en cambio, varían de una nota a otra y deben tratarse como preliminares:

• Un análisis de Inmobiliario.do habla de 400 acreedores.
• Diario Libre, en mayo, citó «más de 600 personas físicas y jurídicas» que podrían beneficiarse, cifra que atribuyó al CIC.
• En julio, Diario Libre usó 856 contratistas en el cuerpo de la nota, bajo un titular de «más de 800», y atribuyó la cifra a los legisladores. Acento, el 27 de julio, dio la misma cifra como la lista que maneja la comisión, sin indicar quién la emitió.

Hay otras afirmaciones sin confirmar. Un ingeniero citado por Acento sostiene que al menos 18 profesionales vinculados a reclamaciones habrían fallecido sin cobrar; no encontramos un listado que lo respalde. Acento también reporta que, según el arquitecto Emiliano Familia, coordinador del CIC, pasaron 48 días desde la entrada en vigor sin que se anunciara la integración de la comisión. La misma nota habla de 85 días entre la promulgación y el protocolo, pero las fechas que da suman unos 67, y es la cifra que usamos.

Qué puede hacer hoy un contratista

Mientras no exista una fecha de pago, lo útil es ordenar el expediente y verificar cada paso:

• Reúna la prueba de la obra: contrato si existe, certificaciones, cubicaciones, facturas, actas y correspondencia con la institución. Inmobiliario.do recuerda que el régimen vigente exige que los pagos se sustenten en certificaciones, cubicaciones y disponibilidad presupuestaria.
• Confirme la institución deudora. Las notas mencionan MOPC, Minerd, Inapa, Indrhi, Caasd y OISOE, entre otras. Según el titular de Diario Libre del 15 de junio de 2026, el Minerd remitió reclamaciones de contratistas a Hacienda; no revisamos el cuerpo de esa nota.
• Pida por escrito el estado del expediente y el cronograma. En mayo, el CIC reclamó señales claras sobre la implementación y preguntó quiénes integran la comisión, cuál será su metodología y si habrá un reglamento operativo.
• Antes de firmar un descargo, compare el monto reconocido con su reclamación y consulte a un abogado. Renunciar a intereses y penalidades no conviene decidirlo sin asesoría.

Lo que hoy puede afirmarse es limitado: la ley existe, el protocolo está aprobado y el pago depende del presupuesto. No está claro cuándo se pagará, cuánto suman las deudas ni cuántos contratistas están en la lista. Esa información debería publicarse junto con el cronograma. Mientras tanto, cualquier cifra que circule debe citar su fuente.