Análisis · 7 min de lectura
Rentas cortas y Airbnb en RD: la regulación sigue sin ley mientras el Fisco pierde RD$10,000 millones al año
Dos procesos distintos buscan regular Airbnb y las rentas cortas en RD, pero ninguno es ley todavía: qué cambiaría para anfitriones, turistas y el Fisco.
Un sector que ya supera a los hoteles, sin reglas claras
Las rentas cortas tipo Airbnb dejaron de ser un fenómeno marginal en República Dominicana. Según datos del Sistema de Inteligencia Turística (Situr) citados por Revista Mercado, el país cerró diciembre de 2025 con más de 49,000 propiedades de alquiler de corta duración registradas en plataformas digitales, que suman unas 114,938 habitaciones disponibles. Esa cifra ya supera el inventario hotelero formal, estimado en alrededor de 90,000 habitaciones. El Banco Central reportó 8,860,709 visitantes extranjeros no residentes en 2025, y aproximadamente un 34% de ellos se alojó en rentas cortas en lugar de hoteles.
El problema es que ese mercado multimillonario sigue operando sin un registro obligatorio unificado y sin que el Estado haya logrado cobrarle impuestos de forma sistemática a las plataformas que lo intermedian. Dos procesos distintos buscan cerrar ese vacío —uno desde el Ministerio de Turismo (Mitur) por la vía administrativa, otro desde el Congreso por la vía legislativa— y ninguno de los dos se ha convertido todavía en norma vigente.
El intento del Mitur: RENATUR, suspendido antes de nacer
El 21 de julio de 2026, el Mitur sometió a consulta pública dos proyectos de resolución para crear el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR), equivalente al Registro Nacional Turístico que ya exigen los hoteles. El esquema obligaría a inscribir cada villa, apartamento, casa, bungaló o habitación ofrecida como alojamiento de corta estadía, exhibir una credencial visible con enlace al registro, y presentar identificación del propietario, poder del administrador, RNC o registro mercantil, y una póliza de responsabilidad civil. Las plataformas digitales tendrían 60 días para exigir el número de registro a los anuncios existentes, y los prestadores de servicios, seis meses para adecuarse.
La reacción del sector fue inmediata. La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (Adoreco) pidió extender la consulta pública por considerar insuficiente el análisis técnico y jurídico del borrador. El lunes 20 de julio, antes de que concluyera ese proceso, el Mitur retiró el proyecto y lo sustituyó por una mesa de diálogo, sin fijar fecha para relanzarlo. El 7 de agosto, Adoreco formalizó ante el ministerio nueve objeciones puntuales: exigir un identificador de la DGII incluso a propiedades exentas del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario; pedir título definitivo, lo que dejaría fuera a anfitriones de Samaná y Pedernales con inmuebles en procesos de deslinde; no diferenciar cargas entre un operador grande y quien alquila esporádicamente; exigir una póliza de responsabilidad civil sin confirmar que exista ese producto en el mercado dominicano; y una posible duplicidad sancionadora con Pro Consumidor. A la fecha de este análisis no se ha confirmado que esa mesa técnica se haya constituido ni que el Mitur haya firmado una resolución definitiva.
El segundo frente: un proyecto de ley en la Cámara de Diputados
Mientras el proceso administrativo seguía congelado, el diputado por Pedernales Rafael Pérez, conocido como "Rafelín", introdujo el 24 de septiembre de 2026 un proyecto de ley —distinto del esquema del Mitur— para regular por vía legislativa la actividad de alquiler de corta duración. La propuesta exige registro ante el Mitur para todo inmueble ofrecido en plataformas digitales, licencia e identificación del propietario o administrador, documentos de propiedad, cumplimiento fiscal ante la DGII, póliza de responsabilidad civil cuando corresponda, y condiciones mínimas de seguridad e información para los huéspedes. Las plataformas estarían obligadas a exigir el número de registro antes de publicar un anuncio y a retirar los que no cumplan. Contempla un período de doce meses desde la entrada en vigor para que los operadores regularicen su situación, sanciones graduadas (leves, moderadas y graves) con multas o suspensión del registro, y permite que los ayuntamientos añadan disposiciones de ordenamiento territorial. El alquiler ocasional de una habitación, sin servicios turísticos adicionales, se regiría por el régimen civil de arrendamiento con un registro meramente informativo. Hasta donde se ha podido confirmar, el proyecto cursa en comisión y no hay evidencia pública de que haya sido sometido a votación.
El otro vacío: la pelea inconclusa por cobrarle impuestos a las plataformas
Paralelamente, el Estado lleva más de cuatro años intentando sin éxito que plataformas como Airbnb, Netflix o Uber paguen el ITBIS del 18% por los servicios que prestan desde el exterior. El antecedente más reciente: el decreto 30-25, firmado el 17 de enero de 2025 y publicado en la Gaceta Oficial 11186 el 25 de enero, que aprobaba un reglamento para la percepción de ese impuesto y entraría en vigor seis meses después, hacia julio de 2025. El 4 de marzo de ese año, el entonces vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, anunció que el Gobierno lo derogaría antes de que tomara efecto; la vicepresidenta Raquel Peña explicó después que no existían las condiciones para aplicarlo.
El tema resucitó en 2026. El 20 de mayo, el director de la DGII, Pedro Urrutia, anunció que en unos 60 días tendría lista una propuesta para cobrar 18% de ITBIS a Airbnb, Netflix y otras plataformas, afirmando que "todos los servicios digitales van a estar capturados". Pero el 11 de junio, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, dijo algo distinto: la reforma fiscal que se convertiría en la Ley 30-26, promulgada el 19 de junio de 2026, excluía explícitamente nuevos impuestos a las plataformas digitales. Esa contradicción entre dos funcionarios del mismo Gobierno quedó sin aclarar, y no se ha encontrado evidencia de que el mecanismo de Urrutia haya sido publicado o aplicado desde entonces. La Caribbean Hotel & Tourism Association estima que el país deja de recaudar unos RD$10,000 millones anuales —cerca de US$170 millones— por esta actividad.
Qué significa esto, en la práctica, para quien alquila o quien viaja
Para los miles de dominicanos que hoy alquilan una propiedad por Airbnb o Booking, la situación de octubre de 2026 es la siguiente: no existe todavía un registro turístico obligatorio específico para rentas cortas, ni una retención especial de ITBIS aplicada por las plataformas. Eso no exime del régimen fiscal general: los ingresos por alquiler siguen sujetos a Impuesto Sobre la Renta y, en los casos que correspondan, a ITBIS declarado directamente por el propietario, con la obligación de contar con RNC si se opera de forma habitual. Cuando una de las dos iniciativas se convierta en norma, los anfitriones deberán anticipar costos adicionales: inscripción formal, una póliza de responsabilidad civil que Adoreco advierte que aún no tiene una oferta clara en el mercado, autorización expresa del condominio si aplica, y el riesgo de que la plataforma retire el anuncio si no se cumple el plazo de regularización. Para los turistas, el mayor efecto esperado es una oferta más verificada, con credenciales visibles y estándares mínimos de seguridad, aunque también la posibilidad de que los precios suban si se traslada el nuevo costo tributario o de cumplimiento.
Lo que no hay, a la fecha, es certeza sobre cuál de los dos caminos —la resolución del Mitur o la ley de Rafelín— prevalecerá, ni sobre cuándo el Fisco resolverá su propia contradicción interna sobre si cobrarle o no el ITBIS a las plataformas. Mientras ese doble vacío se mantenga, el sector de renta corta más grande del Caribe seguirá creciendo fuera de un marco regulatorio y fiscal plenamente definido.