El nuevo Código de Trabajo vuelve a perimir en el Congreso: qué cambia (y qué no) para los dominicanos

Trece años de espera y, otra vez, vuelta a cero

El 29 de julio de 2026, en la rendición de cuentas conjunta del Senado y la Cámara de Diputados al cierre de la legislatura ordinaria, los presidentes de ambas cámaras, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, confirmaron lo que sindicatos y empresarios ya veían venir: el proyecto que reforma el Código de Trabajo, vigente desde 1992 mediante la Ley 16-92, perimió por segunda vez consecutiva. Había sido aprobado en el Senado, pero quedó varado en la Cámara de Diputados por falta de consenso. Al cumplirse dos legislaturas ordinarias sin completar su trámite, la pieza queda legalmente muerta y, según reportó entonces elNuevoDiario, deberá reiniciar desde cero en la próxima legislatura. Hasta el cierre de este reportaje, el 22 de octubre de 2026, no se halló registro público de que el Ejecutivo haya redepositado el proyecto: su futuro inmediato sigue siendo una incógnita.

La magnitud del tropiezo se entiende mejor con el recorrido. El entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, depositó el proyecto en el Senado el 10 de octubre de 2024, tras más de 100 sesiones de diálogo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios. El Senado lo aprobó en primera lectura el 9 de julio de 2025 y en segunda el 22 de julio, con 125 votos a favor y ninguno en contra. Pero la Cámara de Diputados no llegó a conocerlo antes de que cerrara esa legislatura, y ni siquiera una legislatura extraordinaria convocada entre el 27 de julio y el 5 de agosto de 2025 alcanzó a salvarlo: el texto perimió por primera vez. Abinader lo reintrodujo en la legislatura que abrió el 16 de agosto de 2025, el Senado volvió a aprobarlo en septiembre, y en la Cámara una comisión especial, presidida por el diputado Mélido Mercedes, sostuvo más de 50 reuniones antes de emitir, el 30 de abril de 2026, un informe favorable que mantenía intacta la cesantía. El 20 de mayo de 2026, el pleno de la Cámara aprobó esa versión en primera lectura con 144 votos a favor y ninguno en contra. Ahí empezó la cuenta regresiva que terminaría, otra vez, en fracaso: la segunda lectura se postergó el 5 de junio por la visita oficial de la presidenta de Surinam al Congreso, se aplazó de nuevo el 10 de junio, y el 17 de junio los diputados devolvieron el proyecto a comisión con un plazo reglamentario de 30 días, en un intento de mediación personal del propio Abinader entre el sector laboral y el empresarial. La meta era cerrarlo antes del 26 de julio. No se logró.

Lo que la versión aprobada en Cámara cambiaba para el trabajador

Aunque el proyecto no es ley, vale la pena repasar qué contenía la versión que la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura en mayo, porque es la base más probable de cualquier reintento. En cesantía, el punto más sensible, el texto no tocaba nada: ni el cálculo, ni el monto, ni las causales de pago por despido se modificaban, a pesar de que gremios empresariales como el Conep pidieron abrir esa discusión.

En vacaciones (artículo 177), el proyecto reemplazaba el esquema vigente —14 días para todos los empleados con hasta cinco años de servicio— por uno escalonado: 14 días de uno a tres años, 15 días de tres a cinco años, y 15 días laborables pagados como 18 días de salario para quienes superan los cinco años, con la posibilidad de fraccionarlas por acuerdo en bloques mínimos de seis días continuos. La licencia de paternidad subía de dos a cuatro días laborables remunerados (artículo 54), tras descartar la comisión una propuesta inicial de siete. También se reconocía validez jurídica plena a los contratos digitales, las firmas electrónicas y el pago de salario por transferencia bancaria.

En el otro lado de la balanza, el artículo 162 habilitaba jornadas de hasta 12 horas diarias, con promedio semanal no mayor a 44 horas y sin pago de horas extra bajo esa modalidad, previo acuerdo sindical o con más de la mitad de los trabajadores donde no exista sindicato. Abogados laboralistas advirtieron sobre el riesgo de presión patronal para aceptar esos esquemas. El artículo 165 facultaba al Ejecutivo a suspender labores por seguridad nacional, emergencia sanitaria, estado de excepción o desastre natural, manteniendo los servicios esenciales (salud, agua, electricidad, alimentación), pero generando dudas sobre el ingreso del resto de los trabajadores. El artículo 201 ampliaba los descuentos salariales permitidos —planes de bienestar, seguros, compras financiadas y créditos de cooperativas—, con consentimiento escrito obligatorio y prohibición de deducciones que comprometieran la subsistencia del trabajador.

El proyecto también prohibía el uso de celulares en horario laboral salvo causas excepcionales (artículo 45), introducía pruebas antidopaje obligatorias para labores sensibles como el manejo de maquinaria o el transporte (artículo 44), fijaba un tope de dos años para la duración de los procesos laborales (artículo 638) y obligaba a la Suprema Corte a fallar en un máximo de dos meses una vez el expediente quedara en estado de fallo (artículo 646). Se creaban, además, nuevos tribunales de trabajo con un juez conciliador y un juez de fondo, eliminando la figura de los vocales.

Multas y mipymes, el otro frente de la disputa

El empresariado organizado centró buena parte de su resistencia en las sanciones administrativas. El Conep pidió reducir las multas previstas de 120 salarios mínimos a 10, alegando que las micro y pequeñas empresas no podrían cumplirlas. Según Codopyme, las mipymes son el 85 % del tejido empresarial dominicano; según Copardom, el 98 %, en un contexto donde la informalidad laboral ya supera el 55 % de la fuerza de trabajo —cifras que varían entre gremios y conviene tomar como estimaciones, no datos oficiales únicos—. La AIRD, representada por Mario Pujols, llegó a proponer dos tipos de contrato: uno vigente sin cambios en la cesantía y otro nuevo con límite de seis años y tope de liquidación de diez salarios mínimos. El Gobierno respondió con ajustes que, según la versión de comisión de abril, fijaban "montos accesibles" para las mipymes sin eliminar la protección de la cesantía, según el entonces presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Qué sigue ahora para los trabajadores y las empresas

Mientras el Congreso no redeposite y apruebe un nuevo texto, sigue plenamente vigente el Código de Trabajo de 1992: 14 días de vacaciones hasta los cinco años de servicio, dos días de licencia de paternidad y el régimen de cesantía actual, sin topes ni esquemas alternativos de liquidación. Ningún trabajador debe asumir que las jornadas de 12 horas, los nuevos tribunales laborales o la licencia de paternidad de cuatro días ya están en vigor: nada de eso tiene fuerza de ley todavía. Pacheco había insistido, antes del tropiezo final, en que la legislatura abierta en agosto de 2025 "debía ser el plazo final" para una reforma que, según sindicalistas citados en la prensa, lleva trece años en discusión. La siguiente legislatura ordinaria deberá decidir si retoma ese texto desde cero o negocia uno distinto, mientras el ministro Eddy Olivares había advertido que no aprobarla sería un "profundo fracaso" para el Congreso. Por ahora, esa advertencia se cumplió dos veces.