Ley 87-26: qué cambia en los tribunales dominicanos con la justicia digital

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 87-26, que modifica el uso de medios digitales en el Poder Judicial. No hay que confundirla con la Ley 87-01, de seguridad social, que ya cubrimos en este espacio. Las notas consultadas no coinciden en la fecha de promulgación: un análisis del despacho fc-abogados la ubica el 5 de noviembre de 2026, mientras que una nota del propio Poder Judicial, publicada por Diario Libre el 6 de noviembre, dice solo que se promulgó "un viernes". Tampoco encontramos la fecha de publicación en la Gaceta Oficial. La ley entra en vigor tras su promulgación y publicación, y una vez cumplidos los plazos de la Constitución y del Código Civil. Ninguna fuente consultada da una fecha concreta de implementación.

La norma no nace de cero. La nota del Poder Judicial enlaza una resolución de la Suprema Corte de Justicia de 2025, que hace obligatorio el uso de medios digitales en las salas civiles del Distrito Nacional, y una sentencia del Tribunal Constitucional de 2026 que declara constitucional ese uso. Según la misma nota, ninguna de las dos forma parte de la Ley 87-26. Lo que sí hace la nueva ley es elevar el principio a norma general para todo el Poder Judicial.

Qué cambia para los tribunales

La norma establece que los trámites ante el Poder Judicial se harán "prioritariamente por vía digital", sin perjuicio de hacerlos de forma presencial en cualquier sede. Introduce conceptos como expediente electrónico, buzón judicial digital y plataforma digital. Según fc-abogados, el expediente electrónico tiene la misma validez que el físico.

Jueces, personal, auxiliares y oficiales de justicia podrán firmar sus documentos con firma digital o electrónica cualificada. La nota del Poder Judicial afirma que esas firmas dan plena validez a sentencias, resoluciones y autos, sin certificaciones adicionales.

Además, las audiencias virtuales quedan autorizadas en todas las materias, salvo la penal, con las excepciones que la propia ley fije. El Pleno de la Suprema Corte podrá ordenar el uso digital mediante una resolución motivada en casos de estado de excepción o fuerza mayor.

El buzón judicial y el cómputo de plazos

Según fc-abogados, el buzón judicial digital servirá para comunicaciones a los usuarios autenticados, y registrará la fecha y la hora de cada comunicación. Esa marca es la que se usa para contar los plazos. En la práctica, una notificación que llegue al buzón empezará a correr desde ese registro, aunque la persona no la haya abierto. Por eso conviene revisar el buzón con regularidad si se tiene un caso activo.

Las fuentes no explican cómo se autentica el usuario ni cómo se notifica a quien no tenga cuenta. Ese detalle dependerá del reglamento que dicte el Pleno y de las instrucciones de cada tribunal.

La vía presencial se mantiene

La ley garantiza que quien declare no tener medios técnicos, conectividad o formación tecnológica pueda tramitar de forma presencial. El texto dice que el entorno virtual no puede convertirse en una barrera. Esto importa para personas mayores, para quienes viven en zonas sin internet y para quienes no tienen un dispositivo adecuado. Ninguna fuente aclara qué prueba debe presentar quien hace esa declaración, ni si el tribunal puede cuestionarla.

En la práctica, el cambio más visible para el ciudadano común será la notificación por el buzón judicial. Quien no tenga medios digitales no queda obligado a usarlos, pero sí tendrá que hacer su declaración de forma expresa para que se le atienda en persona. Ese es el punto que conviene recordar antes de presentar cualquier trámite.

Audiencias virtuales: las fuentes no coinciden

Aquí hay una contradicción que conviene tener presente. El análisis de fc-abogados dice que, como regla general, las audiencias virtuales requieren el consentimiento de las partes, y que, si no hay acuerdo, el tribunal decide si la audiencia será semipresencial o presencial. La nota del Poder Judicial no menciona ese consentimiento. Solo dice que se regulan las modalidades presencial, semipresencial y virtual.

Hasta que se publique el texto oficial, no es posible afirmar si una parte puede oponerse a una audiencia virtual. Tampoco está claro qué excepciones aplican en materia penal.

Para las víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia de género, fc-abogados señala que el juez puede autorizar su participación virtual mediante una resolución motivada.

Los alguaciles y la georreferenciación

La ley añade el artículo 12.1, que crea un sistema de georreferenciación para los alguaciles, administrado por el Poder Judicial. Cada diligencia quedará registrada con fecha, hora oficial y coordenadas. Para quien recibe un acto, esa constancia sirve como prueba de dónde y cuándo se hizo. Las fuentes no describen cómo funcionará el sistema en la práctica.

Qué no está confirmado

• La fecha exacta de promulgación: 5 o 6 de noviembre de 2026, según la nota que se lea.
• Los artículos modificados de la Ley 339-22. fc-abogados identifica los artículos 4, 5, 12 y 14; la nota del Poder Judicial solo dice "varios artículos".
• El consentimiento para audiencias virtuales, por la contradicción señalada arriba.
• Los plazos de implementación y la fecha de publicación en la Gaceta Oficial.
• El texto oficial. Ni fc-abogados ni la nota del Poder Judicial reproducen la ley completa.

Qué hacer desde ahora

Si usted tiene un caso activo, pregunte a su abogado o al tribunal cómo se le notificará y por qué canal. Si no cuenta con medios digitales, declárelo expresamente, porque la ley le reconoce el derecho a tramitar de forma presencial. Si usted es abogado, conviene preparar la firma digital de sus clientes y llevar un control de las fechas que marca el buzón judicial.

Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal. Para un caso concreto, consulte a un abogado.