25 años sin la reforma que la propia Ley 87-01 ordenaba: qué hay detrás del estancamiento de las pensiones

Un mandato incumplido desde 2011

La Ley 87-01, que en 2001 creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y transformó las pensiones de un esquema de reparto a uno de capitalización individual administrado por las AFP, cumplió 25 años en 2026. La propia norma establecía que debía someterse a una revisión integral tras su primera década de funcionamiento, es decir, en 2011. Esa revisión nunca ocurrió.

El diputado Rafael Castillo, vocero de la bancada de Fuerza del Pueblo y presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Social, lo resumió así, según recogió El Día: "La Ley de Seguridad Social tiene 14 años atrasada respecto al mandato de revisión". Una comisión bicameral anterior trabajó más de dos años, realizó siete vistas públicas en distintas provincias e incorporó a más de 300 sectores vinculados a la seguridad social, pero no logró convertir su trabajo en una ley aprobada.

El presidente Luis Abinader prometió una reforma integral desde 2021. A fecha de este análisis, el proyecto base del Poder Ejecutivo aún no ha sido depositado formalmente en el Congreso Nacional, de acuerdo con un reporte de 10Noticias.com.do del 21 de septiembre de 2026, que cita al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asegurando —19 días antes de esa publicación— que el proyecto llegaría "muy pronto". Para el 21 de septiembre, con apenas cinco semanas restantes de la legislatura de 150 días, esa promesa seguía sin cumplirse. En su lugar, la Comisión Bicameral de Seguridad Social analiza alrededor de nueve propuestas distintas, algunas parciales y otras integrales, depositadas por diputados y senadores a título individual, no por el Gobierno.

Lo que el sistema arrastra: baja cotización, alta informalidad

El diagnóstico técnico detrás de la urgencia no es nuevo, pero las cifras que circulan en el debate público son contundentes. Según declaraciones del propio Castillo recogidas por Hoy el 24 de marzo de 2026, la tasa de cotización actual al sistema de pensiones es de apenas 9.97% del salario, mientras que más del 70% de los salarios en el país están por debajo de RD$30,000 mensuales y la informalidad laboral ronda el 60%. Con esos parámetros, dijo, las pensiones proyectadas representarían entre 30% y 33% del último salario del trabajador.

Otro reporte, publicado por El Día, cita una tasa de reemplazo proyectada distinta: entre 25% y 27% del salario. La discrepancia entre ambas cifras —30-33% frente a 25-27%— no está conciliada entre las fuentes consultadas para este análisis, y probablemente responde a supuestos distintos sobre densidad de cotización, edad de retiro o rentabilidad de los fondos utilizados en cada cálculo. Lo que ambas cifras comparten es la conclusión: muy por debajo del 60-70% que organismos internacionales consideran necesario para mantener el nivel de vida en el retiro.

A esto se suma un problema estructural que Diario Libre documentó el 10 de septiembre de 2026: la densidad de cotización —el porcentaje de afiliados que efectivamente cotiza de forma activa, no solo quienes están inscritos— es de 49.8%. En otras palabras, prácticamente la mitad de los dominicanos afiliados al sistema no está aportando de manera consistente, lo que erosiona directamente el monto que recibirán al jubilarse.

Las cifras que dividen a los actores

Arismendi Díaz Santana, especialista en seguridad social y presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, ofreció una de las advertencias más citadas en semanas recientes, según Ensegundos.do (10 de septiembre de 2026): el patrimonio acumulado en los fondos de pensiones dominicanos ya supera los RD$1.3 billones, equivalentes a 16% del producto interno bruto nacional. Pese a ese volumen de ahorro, advirtió que cinco millones de trabajadores recibirán pensiones muy bajas dentro de seis años si no se corrigen fallas estructurales que él atribuye a conflictos de interés: comisiones fijas que no premian mejor rendimiento, falta de competencia real entre las AFP y presión de tasas de interés bajas sobre la rentabilidad de los afiliados.

Castillo, por su parte, señaló en marzo que el Gobierno maneja aproximadamente 80% de los fondos de pensiones —una referencia a la alta proporción de esos recursos colocada en instrumentos de deuda pública—, un punto que críticos del sistema consideran un conflicto adicional: el mismo Estado que regula el sistema es también uno de sus principales deudores.

El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, defendió en junio ante Proceso.do que el sistema ha devuelto más de RD$61,000 millones por concepto de devolución de saldos a afiliados y más de RD$10,000 millones en herencias a familiares de cotizantes fallecidos. Torres adelantó que la reforma en preparación permitiría acceder a la pensión mínima garantizada con 15 años de cotización, frente a los 25 años que exige la norma vigente, aunque aclaró que "la edad de retiro no cambiaría para los actuales afiliados".

Salud: el otro frente de la reforma

La reforma no se limita a pensiones. Aura Celeste Fernández, gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), explicó a Noticias SIN que el cambio más significativo en el componente de salud sería la introducción de la "cápita diferenciada": un mecanismo que distribuiría los recursos hacia las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) según edad, sexo y nivel de riesgo del afiliado, en lugar del pago fijo por persona que rige actualmente. El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, habían anunciado en mayo que el proyecto se revisaba con empresarios, sindicatos y especialistas "con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible".

Un capítulo adicional, casi ausente del debate reciente, es el seguro de desempleo: contemplado en la propia Ley 87-01 para implementarse dentro de los primeros 18 meses de vigencia, nunca llegó a crearse en sus 25 años de historia, por falta de consenso entre los sectores llamados a financiarlo.

Qué sigue

Con la legislatura actual cerrando en pocas semanas, Castillo ha dicho que espera una presentación formal antes de que termine el año, pero el patrón de los últimos 15 años —promesas reiteradas, comisiones bicamerales que estudian decenas de propuestas paralelas y un proyecto del Ejecutivo que nunca llega a depositarse a tiempo— sugiere que el cierre de esta legislatura podría repetir el ciclo. Mientras tanto, la mitad de los afiliados que no cotiza de forma activa, los trabajadores informales sin ningún tipo de cobertura y quienes se acercan a la edad de retiro con una tasa de reemplazo proyectada de apenas una cuarta o un tercio de su último salario, siguen esperando una definición que la ley mandató resolver hace ya 14 años.