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Análisis · 6 min de lectura

El salario mínimo de las trabajadoras del hogar sigue en el limbo legal

A 17 meses de subir a RD$13,000 el salario mínimo doméstico, una acción de inconstitucionalidad pendiente ante el TC mantiene en incertidumbre a cientos de miles de hogares y trabajadoras.

Mujer realizando trabajo de limpieza doméstica en una vivienda

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Un aumento que ya tiene un antecedente anulado

Desde el 1 de mayo de 2025, el salario mínimo mensual para el trabajo doméstico en República Dominicana subió de RD$10,000 a RD$13,000, un incremento del 30% anunciado por el entonces ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, y formalizado mediante la Resolución núm. CNS-02-2025 del Comité Nacional de Salarios (CNS). Seis años después de que el país ratificara el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, la medida se presentó como un paso hacia saldar lo que el propio Ministerio de Trabajo ha llamado una "deuda histórica" con un sector compuesto, según cálculos oficiales citados por la prensa, por más de 200,000 personas, en su inmensa mayoría mujeres.

Pero este no es el primer intento de regular el sector por esta vía, ni el primero en terminar frente al Tribunal Constitucional (TC). En agosto de 2022 el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 14-2022, que fijaba jornadas máximas de ocho horas, exigía contrato formal y buscaba incorporar a las trabajadoras domésticas al Sistema Dominicano de Seguridad Social. En junio de 2023 el TC declaró esa resolución inconstitucional, en una decisión identificada en reportes de prensa como la sentencia TC/0402/23. El argumento central, según esos reportes, fue que un ministro no puede modificar por resolución administrativa los artículos 258 al 265 del Código de Trabajo, que regulan el servicio doméstico: ese tipo de cambios requiere una ley, no una norma de rango inferior.

La misma objeción, ahora contra el aumento salarial

Ese precedente es, hoy, el corazón del nuevo pleito. Apenas se anunció el aumento a RD$13,000 en abril de 2025, voces del foro jurídico —entre ellas el abogado laboralista Luis Vílchez Bournigal— advirtieron que la Resolución CNS-02-2025 corría el mismo riesgo: fijar o modificar condiciones del trabajo doméstico por la vía de una resolución del Comité Nacional de Salarios, en lugar de una reforma legal, podría considerarse una invasión de competencias reservadas al Congreso. Según registró Diario Libre en abril de 2025, ese cuestionamiento se planteó desde el mismo día del anuncio.

Con el tiempo, la objeción se convirtió en una acción directa de inconstitucionalidad formal contra la Resolución CNS-02-2025 ante el TC. La prensa dominicana no ha identificado con precisión quién la depositó ni en qué fecha exacta, un dato que conviene señalar como no confirmado: las coberturas disponibles describen el litigio y la audiencia, pero no reproducen el escrito introductorio completo. Lo que sí está documentado es la defensa que ha recibido la resolución. El 6 de octubre de 2025, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) depositó un amicus curiae a favor de su constitucionalidad, invocando el artículo 62 de la Constitución y el Convenio 189 de la OIT, y argumentando que excluir históricamente al servicio doméstico del salario mínimo general equivale a una discriminación estructural de género. El 12 de noviembre de 2025 se celebró una audiencia en el TC en la que organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas (Sintradomes-CASC), la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH-CNUS) y la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar (Unfetrah-CNTD) pidieron al tribunal rechazar la acción. El Ministerio de la Mujer también se presentó ante el TC en defensa de la resolución.

Casi un año después, sin sentencia conocida

A la fecha de este reportaje no se ha localizado ninguna sentencia del TC que resuelva el fondo de esa acción contra la Resolución CNS-02-2025. Una búsqueda en coberturas de prensa de 2026, incluida una nota de finales de febrero sobre los pronunciamientos del presidente Luis Abinader en materia de trabajo doméstico, tampoco reporta un fallo. Esto significa que, al cierre de octubre de 2026, el salario de RD$13,000 sigue aplicándose en la práctica, pero bajo una norma cuya validez constitucional continúa en disputa, con el precedente de 2023 pesando sobre el caso.

Esa incertidumbre no es un tecnicismo abstracto. Tiene efectos concretos para dos grupos:

  • Las trabajadoras domésticas, que dependen de una resolución potencialmente vulnerable a una nueva anulación, como ocurrió con la de 2022. Si el TC repitiera ese desenlace, el sector quedaría otra vez sin un piso salarial actualizado hasta que el Comité Nacional de Salarios —o el Congreso, por ley— emita una nueva norma.
  • Los hogares empleadores, que no tienen certeza legal plena sobre cuál es, en sentido estricto, el salario mínimo vigente y exigible, más allá de que en la práctica deban pagar RD$13,000 mientras la resolución no sea anulada.

La seguridad social, un frente aparte y también inconcluso

El litigio salarial corre en paralelo a otro debate no resuelto: la inclusión del servicio doméstico en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La Resolución 14-2022, la misma que el TC declaró inconstitucional en 2023, era precisamente la que intentaba obligar a los hogares empleadores a cotizar por sus trabajadoras. Tras esa anulación, el régimen contributivo subsidiado (RCS) —una figura distinta, pensada para trabajadores de ingresos variables o informales— ha sido mencionado como vía para incorporar al sector, con las trabajadoras domésticas señaladas como primeras beneficiarias potenciales. Pero la cobertura de prensa consultada no ofrece cifras oficiales actualizadas sobre cuántas trabajadoras domésticas están hoy afiliadas y cotizando, ni confirma que la afiliación sea ya obligatoria para todo empleador. En la práctica, la gran mayoría del sector sigue sin contrato escrito, sin seguro de salud por su empleo y sin pensión, incluso con el salario mínimo al día.

Qué deben saber los hogares que emplean servicio doméstico

  • El salario mínimo de referencia es RD$13,000 mensuales desde el 1 de mayo de 2025, sin distinción oficial entre jornada completa, media jornada o "cama adentro" en el texto de la resolución.
  • Quienes ya pagaban más de ese monto antes del aumento deben mantener esa cifra superior, conforme al artículo 217 del Código de Trabajo.
  • La afiliación a la Seguridad Social del personal doméstico no aparece, según la información disponible, como una obligación general y exigible hoy de la misma forma que para un empleado de nómina formal.
  • La validez de la resolución que fija ese salario está sujeta a una acción de inconstitucionalidad sin fallo conocido, por lo que la norma podría cambiar según lo que decida el Tribunal Constitucional.

Mientras el TC no se pronuncie, el país queda con una pregunta de fondo sin resolver: si la regulación del trabajo doméstico —su salario, su jornada, su acceso a la Seguridad Social— puede construirse por resoluciones administrativas sucesivas, o si, como ya ocurrió una vez, cada intento seguirá expuesto a una nueva anulación mientras el Congreso no legisle directamente sobre uno de los sectores laborales más precarizados y menos protegidos del país.

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