Sequía obliga a racionar el agua potable en el Gran Santo Domingo

La sequía reaparece y el agua vuelve a racionarse en el Gran Santo Domingo

Desde finales del verano de 2026, miles de hogares en el Gran Santo Domingo conviven de nuevo con cortes de agua potable. El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, confirmó en una entrevista en el programa *LA Semanal*, a inicios de septiembre, que la sequía estacional había reducido entre un 30% y un 35% la producción de agua de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) en la capital y su periferia. Más de 100 sectores de Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste reportaban entonces dificultades para recibir el servicio con normalidad.

El problema no es nuevo ni exclusivo de este año: el Gran Santo Domingo depende en gran medida de los ríos Haina, Isa-Mana, Duey, Isabela y del sistema Nizao-Valdesia, cuencas que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) monitorea a través de su Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre). Una actualización del Indrhi del 14 de agosto sostenía que la disponibilidad en los embalses todavía permitía garantizar el abastecimiento, una lectura más optimista que el llamado a racionalizar que hizo públicamente Arnaud semanas después. Esa diferencia de tono entre el regulador técnico del agua y la propia autoridad del sector no está resuelta en las fuentes consultadas, y conviene que el lector la tome con cautela: no hay, hasta donde pudo verificarse, un parte oficial único y reciente que concilie ambas versiones.

Qué está haciendo el Estado mientras tanto

La respuesta gubernamental se ha movido en dos frentes. El primero es de contingencia inmediata: la CAASD ha recurrido a trasvases de agua desde el sistema Valdesia-Santo Domingo hacia sectores como Pantoja, Los Girasoles y zonas próximas a la avenida República de Colombia, además de distribución con camiones cisterna en las comunidades más afectadas. El segundo es de inversión estructural: INAPA reporta más de RD$37,000 millones destinados a agua potable y saneamiento durante la gestión actual, con más de 3,000 kilómetros de tubería instalados en el país. Entre los proyectos citados por la institución figuran la ampliación del acueducto del Cibao Central —con una línea directa de 2 metros cúbicos por segundo (m³/s) hacia Moca—, un incremento de 5 m³/s destinado a la capital y 500 litros por segundo adicionales para Cotuí.

Son cifras de gestión que, de confirmarse en obras concretas y sostenidas, atacarían el problema de fondo: la capacidad instalada no crece al mismo ritmo que la demanda de una región metropolitana que ya roza los cuatro millones de habitantes. Pero ninguna de esas obras resuelve el corto plazo de un residente de Los Alcarrizos que hoy abre el grifo y no sale agua.

El llamado a los hogares, y lo que no dice

Ante la escasez, INAPA pidió a la población priorizar los usos esenciales y reducir el consumo evitable: reparar fugas internas, cerrar el grifo al cepillarse los dientes, acortar las duchas, reutilizar agua de limpieza, no usar mangueras para lavar vehículos ni aceras, evitar llenar piscinas y usar la lavadora solo con carga completa. Son medidas razonables a escala individual, pero desplazan buena parte de la responsabilidad hacia el usuario doméstico en un sistema donde las pérdidas técnicas y comerciales —fugas en la red, conexiones clandestinas, medición deficiente— han sido históricamente señaladas por la propia CAASD y por expertos del sector como una causa tan relevante como la sequía misma. No fue posible confirmar con esta investigación qué porcentaje actual del agua producida se pierde antes de llegar a una factura, dato que la CAASD no ha publicado de forma reciente y que sería clave para que el ciudadano entienda cuánto del ajuste le corresponde a él.

El vacío legal que arrastra el país

Detrás de cada episodio de racionamiento hay un dato estructural que rara vez se menciona en los boletines de prensa: República Dominicana no tiene una Ley de Aguas. El proyecto que debía sustituir el marco normativo vigente —disperso entre la Ley 5852 de creación del Indrhi, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y una serie de reglamentos sectoriales— lleva más de dos décadas discutiéndose en el Congreso. Una comisión bicameral llegó a consensuar 145 de los 247 artículos de un proyecto presentado por el entonces senador Félix Nova, y el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) ha calificado la iniciativa como prioritaria para la gestión integrada del recurso, incluyendo la creación de consejos de cuenca, un plan hidrológico nacional y un registro obligatorio de usuarios. Nada de eso existe todavía en la práctica. No fue posible encontrar evidencia de que el proyecto haya avanzado en el actual período legislativo iniciado en 2024, por lo que su estado real a octubre de 2026 permanece, en los términos de esta nota, sin confirmar.

La ausencia de esa ley tiene consecuencias concretas: sin un orden de prioridades de uso establecido por norma, decisiones como cuánta agua se destina al riego agrícola frente al consumo humano durante una sequía dependen de acuerdos administrativos puntuales entre el Indrhi, la CAASD, el INAPA y el Ministerio de Agricultura, no de una regla previsible que el ciudadano pueda exigir.

Qué puede hacer el usuario afectado

Para quienes sufren cortes recurrentes, la vía formal es el reclamo directo ante la CAASD o el INAPA, según el acueducto que los sirva, documentando días y horas sin servicio: esos registros son la base para solicitar ajustes en la facturación cuando el corte se prolonga más allá de lo informado. La Oficina de Defensa del Consumidor (Pro Consumidor) también recibe quejas por incumplimiento en la prestación de servicios públicos básicos. Mientras tanto, la recomendación oficial es la misma que se repite cada temporada seca: almacenar agua de forma segura, evitar el desperdicio y estar atento a los comunicados de reprogramación del servicio en el sector donde se vive, que suelen anunciarse por sectores y no de forma uniforme para toda la ciudad.

La sequía, en sí misma, es un fenómeno natural recurrente en el calendario dominicano. Lo que determina si cada episodio se traduce en una crisis de abastecimiento o en un ajuste manejable es la combinación de infraestructura, gestión de pérdidas y, sobre todo, un marco legal que el país todavía no termina de aprobar.