Haití suma 1.5 millones de desplazados mientras la ayuda humanitaria se queda sin fondos

Una crisis que ya no cabe solo en Puerto Príncipe

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó, en un reporte difundido a finales de septiembre de 2026, que alrededor de 1.5 millones de personas permanecen desplazadas dentro de Haití, una cifra equivalente a aproximadamente el 12% de los casi 12 millones de habitantes del país. Lo que cambió en los últimos meses, según Élise Veyron, coordinadora principal de emergencias de la OIM en Haití, es la geografía del desplazamiento: alrededor del 80% de esas personas ya no está en Puerto Príncipe, sino repartida en otros departamentos, entre ellos Artibonite, una zona que hasta hace poco se consideraba relativamente segura y que, entre mayo y agosto de este año, registró el mayor incremento reciente de desplazamiento interno de todo el país.

La cifra de 1.5 millones no se aleja demasiado de la que la propia OIM había divulgado en junio, cuando su jefe de misión en Haití, Gregoire Goodstein, habló en Ginebra de 1.47 millones de desplazados, más de la mitad mujeres y niños. Goodstein explicó entonces que un solo brote de violencia armada en el barrio de Cité Soleil, en mayo, había desplazado a más de 18,000 personas en pocos días y que, con ese episodio, los desplazados dentro de la propia capital superaron por primera vez los 300,000. "La violencia ya no está contenida: se está expandiendo", advirtió el funcionario. Esa frase resume lo que muestran los datos de septiembre: el total nacional casi no creció, pero el mapa del sufrimiento se hizo más grande.

El ataque en Kenscoff que puso al Consejo de Seguridad en alerta

El episodio que mejor ilustra la gravedad de la violencia ocurrió la noche del domingo 23 de agosto de 2026 en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe. Según el recuento citado por Carlos Ruiz, representante de la misión de la ONU en Haití (BINUH), una banda armada incendió viviendas y atacó a quienes intentaban huir, incluso dentro de una iglesia donde se habían refugiado. El saldo fue de 47 muertos, entre ellos tres niños y dos niñas, y más de 4,000 personas forzadas a abandonar sus casas de un día para otro.

Cinco días después, el 28 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia sobre Haití. Allí, Indrika Ratwatte, entonces secretario general adjunto interino de la ONU para Asuntos Humanitarios, señaló que "el último ataque en Kenscoff es otro recordatorio sombrío del sufrimiento que enfrentan los haitianos todos los días" y aportó una cifra clave: casi 200,000 personas habían sido devueltas por la fuerza a Haití en los primeros ocho meses de 2026, al menos un 10% más que en el mismo periodo de 2025. Ruiz, por su parte, advirtió que los preparativos electorales del país siguen "severamente limitados y vulnerables a contratiempos", en un contexto donde la autoridad del Estado apenas llega a buena parte del territorio.

Un llamado humanitario financiado a menos de un tercio

Mientras la necesidad crece, el dinero no llega. El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Haití en 2026 pide 880 millones de dólares para atender a la población más afectada por el desplazamiento, la violencia y la inseguridad alimentaria. Hasta finales de junio de este año, ese llamado apenas estaba cubierto en un 27%, de acuerdo con la sesión informativa de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ante el Consejo de Seguridad. La brecha no es nueva: el plan equivalente de 2025, de 908 millones de dólares, llegó a estar financiado en apenas un 5% en marzo de ese año, según citó entonces el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric.

La falta de fondos tiene fecha límite. En la misma rueda de prensa de junio, Goodstein advirtió que las restricciones presupuestarias "ahora amenazan nuestra capacidad para seguir operativos más allá de octubre", es decir, el mes en el que nos encontramos justo ahora. Ni la OIM ni la ONU han confirmado públicamente, hasta la fecha de esta nota, si esos recortes de octubre ya se concretaron o si se consiguió financiamiento adicional en las últimas semanas; es un punto que debería aclararse pronto, porque de él depende la asistencia a cientos de miles de personas que, según Veyron, viven en asentamientos informales o albergues colectivos sin agua potable ni saneamiento adecuados, justo al inicio de la temporada en que un huracán o una tormenta fuerte "podría desencadenar otra emergencia humanitaria" sobre una población que ya no tiene a dónde moverse.

Lo que esta crisis significa para República Dominicana

Para un país que comparte la isla con Haití, estas cifras no son solo estadística lejana. Las casi 200,000 devoluciones forzadas registradas por la ONU entre enero y agosto de 2026 incluyen tanto vuelos de deportación desde Estados Unidos como las repatriaciones terrestres que República Dominicana ejecuta de forma sostenida en la frontera, un flujo que las autoridades dominicanas de migración han descrito en informes propios como parte de una política migratoria endurecida en los últimos dos años. Cada persona devuelta a un país donde 1.5 millones de personas ya no tienen casa, y donde la ayuda humanitaria se está quedando sin dinero, llega a un sistema que —según reconocen la OIM y la propia ONU— ya no tiene capacidad real de absorción.

Esa combinación —más desplazamiento interno, más devoluciones forzadas desde el exterior y menos fondos para responder— es, en el fondo, la misma presión que explica por qué la frontera dominico-haitiana sigue siendo un punto de tensión constante y por qué cualquier nuevo episodio de violencia en Haití, como el de Kenscoff en agosto, tiene la capacidad de empujar a más familias hacia el único límite terrestre que el país tiene con su vecino.

Una crisis sin fecha de cierre

A dos años de que el desplazamiento interno en Haití empezara a triplicarse de un año a otro, según cifras previas de la propia OIM, el patrón de 2026 confirma que la crisis no se ha estabilizado: cambia de lugar, se mueve de Puerto Príncipe hacia departamentos antes considerados tranquilos, y golpea con más fuerza justo cuando los fondos para atenderla se agotan. Mientras el Consejo de Seguridad discute sesiones de emergencia y los organismos humanitarios advierten sobre octubre, las familias desplazadas —más de la mitad mujeres y niños, según todas las fuentes consultadas— siguen esperando una respuesta que, por ahora, llega financiada a menos de un tercio de lo que se necesita.