Caso Senasa 2.0: el fraude de RD$41 millones y qué deben saber los afiliados a SeNaSa

Qué es el caso Senasa 2.0

Desde mediados de septiembre de 2026, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lleva a los tribunales lo que se conoce como el caso "Senasa 2.0" (algunos medios lo identifican como "Senasa 2.0-A"): una red que, según el Ministerio Público, facturó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) consultas médicas y procedimientos que en realidad nunca se realizaron.

El caso involucra a empleados y exempleados de la Administradora de Riesgos de Salud SeNaSa (ARS SeNaSa), médicos de distintas especialidades y varios ciudadanos particulares. La audiencia para conocer la medida de coerción contra los imputados quedó fijada para el miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde, luego de ser aplazada. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los acusados mientras avanza la investigación.

Cómo operaba la red, según el Ministerio Público

De acuerdo con la Pepca, el esquema partía de datos personales de afiliados reales de SeNaSa. Con esa información, los implicados solicitaban autorizaciones para consultas o procedimientos que jamás se llevaban a cabo, y luego facturaban esos servicios ficticios a la aseguradora estatal. Para sostener el fraude, se elaboraban expedientes clínicos completos con firmas falsificadas, a nombre de personas que nunca recibieron la atención.

Entre los ejemplos documentados por el Ministerio Público figuran consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres que negaron haberlas recibido, así como procedimientos como drenaje de colecciones superficiales, onicectomías (extracción de uñas), desbridamientos de tejido, reducciones ortopédicas e infiltraciones articulares que los propios pacientes afirman no haberse practicado.

Según el Ministerio Público, el presunto articulador principal de la red es Ángel Luis Guzmán Vásquez, auxiliar del área de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, junto a su hermano Angeury Guzmán Vásquez. Entre los médicos señalados aparecen, según distintos medios que cubrieron las audiencias, el doctor Edwin Alberto Batista Cruz —a quien se atribuyen pagos por RD$2.8 millones— y el doctor Wander Manuel Díaz Encarnación, con más de RD$5.1 millones recibidos solo durante 2024.

Los montos y las cifras que no terminan de coincidir entre fuentes

Aquí conviene ser transparente sobre lo que todavía no está del todo claro. La Procuraduría ha situado el monto total del desfalco en alrededor de RD$41.1 millones, ocurridos entre enero de 2021 y febrero de 2025, con 4,363 autorizaciones fraudulentas identificadas en ese período. Sin embargo, otras coberturas de las audiencias hablan de un rango de actividad más amplio, que arrancaría desde 2019 y se extendería hasta 2025, con picos de actividad señalados en 2022 y 2024.

Tampoco hay coincidencia total en el número exacto de imputados: unas fuentes hablan de 25 personas para las que se pidió prisión preventiva, mientras que otras mencionan 26, posiblemente porque se sumó un imputado adicional señalado por el Ministerio Público ya avanzado el proceso. Si te interesa seguir el caso con precisión, lo más seguro es esperar a la documentación oficial que se lea en la audiencia de coerción, en lugar de fijarte en una sola cifra de un solo medio.

No es el primer caso: el antecedente de Senasa 1.0

El nombre "Senasa 2.0" no es casual. En diciembre de 2025, la Pepca ya había llevado a los tribunales un primer caso de irregularidades en la aseguradora estatal, que involucró al entonces director de SeNaSa, Santiago Hazim, con perjuicios estimados en RD$15,900 millones —una cifra muchísimo mayor, y de otra naturaleza, ligada a presuntas irregularidades administrativas y contractuales de alto nivel—. El caso actual, de menor cuantía pero con un patrón más cercano al afiliado común (identidades usadas para facturar servicios falsos), es lo que ha llevado a hablar de una "segunda fase". El propio Ministerio Público ha señalado que ya observa indicios de lo que podría convertirse en un tercer expediente, mencionado extraoficialmente como "Senasa 3.0".

Qué significa esto para los afiliados

SeNaSa no es una aseguradora cualquiera: es la administradora de riesgos de salud del Estado dominicano, y cubre tanto el régimen contributivo (trabajadores formales) como el régimen subsidiado, que según cifras oficiales supera los 3 millones de afiliados, además de los regímenes Larimar y de pensionados. En conjunto, se estima que alrededor del 72% de la población dominicana tiene acceso al Seguro Familiar de Salud a través de alguna administradora, y SeNaSa es la de mayor peso en el sistema.

Cuando una red factura servicios que nunca ocurrieron, ese dinero sale del mismo fondo que financia la atención real de millones de afiliados. El Ministerio Público ha señalado explícitamente que estos fraudes "consumían parte de la cobertura disponible" en las pólizas de afiliados legítimos, lo que en la práctica puede traducirse en límites de cobertura que se agotan más rápido de lo esperado para gente que sí necesita atención médica genuina.

Qué puedes hacer si sospechas que usaron tu nombre

Si en algún momento recibiste una notificación, un estado de cuenta o un reclamo de SeNaSa por una consulta o procedimiento que no recuerdas haber recibido, vale la pena revisarlo con atención. SeNaSa ofrece varios canales digitales para afiliados —la Oficina Virtual del Afiliado (OVA), la app móvil de SeNaSa y el servicio de Consulta de Coberturas— donde se puede verificar el estatus de afiliación y algunos datos de la póliza. Ninguna de las fuentes consultadas para este artículo confirma que exista, hoy, una herramienta pública específica donde un afiliado pueda revisar en línea, uno por uno, el historial completo de autorizaciones y consultas facturadas a su nombre; si te preocupa haber sido víctima de un uso indebido de tus datos, la vía más segura es comunicarte directamente con las líneas de atención oficiales de SeNaSa o acudir a una de sus oficinas para solicitar esa información por escrito, en lugar de asumir que un portal en línea te lo mostrará todo automáticamente.

Qué sigue en el proceso judicial

Con la audiencia de coerción programada para el 23 de septiembre, el próximo paso será que un juez decida si acoge la solicitud de prisión preventiva de 18 meses para los imputados o si ordena una medida distinta. De ahí en adelante, el caso seguirá su curso hacia una eventual acusación formal. Mientras tanto, el propio Ministerio Público ha dejado abierta la puerta a que la investigación se amplíe, así que no sería sorprendente ver, en las próximas semanas, nuevos nombres o cifras revisadas sobre este mismo expediente.